Polémica por seguros privados pagados con dinero público: Diputados piden eliminar beneficio
Dentro del presupuesto del Estado se destinan aproximadamente unos 169 millones de dólares para el pago de estos seguros privados.
Ciudad de Panamá/Una nueva polémica se posa sobre la mesa de la Asamblea Nacional. Se trata del pago por parte del Estado de seguro de salud privado a ciertos funcionarios de algunas instituciones, entre ellos los estamentos de seguridad, así como también la Corte Suprema de Justicia.
Sobre este tema se han presentado tres anteproyectos que deberán ser discutidos en la Comisión de Gobierno del Legislativo. Al menos 14 entidades mantienen este beneficio. Entre ellas figuran el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Banco Nacional de Panamá, el Cuerpo de Bomberos, la Contraloría General de la República y la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa). También el Ministerio de Seguridad, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Fiscalía General de Cuentas, el Metro de Panamá y la Zona Libre de Colón.
Una de las propuesta fue presentada por el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada de Seguimos, quien busca eliminar este beneficio.
Otra la presentó el diputado de la bancada de Vamos, Luis Duke, plantea prohibir de manera explícita que se utilicen fondos estatales para cubrir pólizas privadas de salud de los funcionarios. Su propuesta busca impedir que en el Presupuesto General de las entidades públicas se incluyan recursos destinados a seguros de salud, vida, accidentes u otros beneficios semejantes.
La iniciativa presentada por el diputado perredista, Jairo Salazar, también prohíbe a todas las entidades del Estado, la contratación de seguros privados para todos los funcionarios públicos.
El que quiere seguro privado médico y ciudadano que lo pague de su bolsillo. Yo me atendo en el seguro y también en la clínica privada con un derecho que pago yo para mi familia y no puede ser que en alguna institución hay una especie de discriminación del erario a todos sus colaboradores de algún derecho privado. Pero hay otras instituciones que no tienen ese beneficio”, dijo el diputado Cedeño.
Cedeño señaló que “nosotros buscamos con ese anteproyecto que el que quiere derecho privado lo pague con su plata y pusimos una excepción, salvo que haya tratados internacionales, y también al ayuntamiento de seguridad, que se le permite debidamente justificado el seguro de vida. Estamos hablando de Policía Nacional, de Bomberos, Senafront, etc.”.
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Ese es el pensamiento: todo por igual. Eso de que incentivo emocional, eso no funciona. Tienes un billete, págalo con tu plata y ahí vamos orientados”, acotó.
Dentro del presupuesto del Estado se destinan aproximadamente unos 169 millones de dólares para el pago de estos seguros privados.
Con información de Meredith Serracín.