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El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional, mantiene operativos en la provincia de Chiriquí para identificar y capturar a los responsables de la caza ilegal de un tapir en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, específicamente en la comunidad de Guadalupe.
Durante los todos los análisis realizados en el marco de la investigación, las autoridades han decomisado uniformes de camuflaje, radios, celulares, cámaras trampa y armas de fuego tipo escopeta, elementos que podrían estar vinculados al delito ambiental. Asimismo, se ha retenido a varios sospechosos presuntamente implicados en la caza del tapir, una especie protegida y en peligro de extinción.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que continuar denunciando actividades ilícitas que pongan en riesgo el equilibrio ecológico, destacando que la participación comunitaria es clave en la lucha contra los delitos ambientales.
MiAMBIENTE reafirmó su compromiso con la conservación de la biodiversidad , trabajando en conjunto con las entidades competentes para garantizar que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes. Además, enfatizó que aplicar medidas administrativas ejemplares contra quienes atentan contra la fauna silvestre.
El pasado martes 4 de marzo, las autoridades dieron con el hallazgo de un tapir (Tapirus bairdii) sin vida en las inmediaciones del Parque Nacional Volcán Barú, en el corregimiento de Cerro Punta, distrito de Tierras Altas. El ejemplar yacía a la orilla de un afluente y se presume que fue víctima de cazadores furtivos.
Ante este hallazgo, se activó un operativo especial con la Policía Nacional Ambiental para dar con los responsables de este acto, que representa una grave amenaza para la fauna protegida de la región.
El tapir es una especie clave para la regeneración natural de los bosques, ya que su alimentación y desplazamiento contribuyen a la dispersión de semillas y la renovación de los ecosistemas. En Panamá, esta especie está protegida por la Resolución DM-0657-2016 y la Ley de Vida Silvestre de 1995.
Además, el Código Penal, en su artículo 409, establece penas de prisión para quienes atenten contra la vida silvestre, con sanciones más severas cuando el delito ocurre dentro de un área protegida.