Ingreso de alimentos sin permisos sanitarios en Panamá podría castigarse con hasta ocho años de prisión

Ciudad de Panamá, Panamá/Un nuevo proyecto de ley busca reforzar la seguridad alimentaria y proteger la salud pública del país, mediante la incorporación de un delito específico en el Código Penal relacionado con la producción, distribución e introducción irregular de alimentos.

Se trata del Proyecto de Ley 152, una iniciativa que añade un nuevo capítulo sobre los delitos contra la seguridad alimentaria a la Ley 14 de 2007, que regula el Código Penal. La propuesta implementa sanciones penales para aquellas conductas que afecten la inocuidad, disponibilidad y control sanitario de los alimentos destinados al consumo humano en el país.

El proyecto establece penas de seis a ocho años de prisión para quienes introduzcan al país productos alimenticios de origen vegetal o animal sin los permisos sanitarios correspondientes, expedidos por las autoridades competentes.

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Tres ejes clave del proyecto

El instrumento legal se sustenta en tres enfoques fundamentales:

• La protección de la actividad económica y los empleos que genera la producción agropecuaria nacional.
• La defensa de los cultivos y la actividad pecuaria frente a plagas y enfermedades que podrían ingresar al país a través de productos introducidos de manera ilegal.
• La protección de la salud pública, ante el incumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria.

Durante los debates legislativos, se aclaró que la iniciativa no está dirigida al contrabando como delito aduanero, sino a la introducción y comercialización de alimentos sin los permisos fitosanitarios y de inocuidad exigidos por la ley. No obstante, se abordó la preocupación por el ingreso de productos provenientes de países como Costa Rica y otras naciones, que podrían poner en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores, además de afectar la producción nacional.

El objetivo central del proyecto es proteger a la población, al productor nacional y a toda la cadena agroalimentaria, desde los campos de cultivo y producción pecuaria hasta que los alimentos lleguen a la mesa de los consumidores. La iniciativa surge, además, como una respuesta a las constantes denuncias de comercialización de productos de dudosa procedencia, que representan un riesgo tanto para la salud como para la economía agrícola local.

Finalmente, tras su discusión en el Órgano Legislativo, el Proyecto de Ley 152 fue aprobado en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional el 8 de enero, quedando ahora en manos del presidente de la República, José Raúl Mulino, para su sanción o veto.