Autoridades municipales y de descentralización rechazan violencia en Bocas del Toro
Panamá/Ante la creciente violencia registrada en las últimas horas en la provincia de Bocas del Toro, diversas voces institucionales han llamado al cese de la confrontación y al retorno al diálogo como vía para resolver la crisis.
La Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) hizo un llamado a la moderación, destacando la necesidad de reducir el tono de las manifestaciones y avanzar hacia un proceso de conciliación.
“Creo que tenemos que lograr, a través de un mecanismo de concertación nacional, bajar las aguas y retomar los procesos. Los procesos ahora están interrumpidos, pero una vez que se termine esta situación, se pueden continuar. Rechazamos totalmente la violencia. Nosotros apostamos por la paz del país. Usar la violencia, cualquiera que sea, no es un método para solucionar los problemas de los panameños”, manifestó Jorge Panay, de Amupa.
Por su parte, Roxana Méndez, de la Autoridad Nacional de Descentralización, advirtió que el daño provocado a la provincia es profundo y que su recuperación requerirá una intervención seria y sostenida.
“Tienen oportunidades de turismo maravillosas y la gravedad del asunto es que están destruyendo y matando la gallina de los huevos de oro, porque esa es su principal fuente. Pero ahora mismo, con el mensaje que están mandando al mundo entero de inseguridad, realmente están ocasionando un daño que, estoy segura, no son capaces de medir. Esto va a representar un impacto considerable, y efectivamente ahí va a haber que tener una intervención especial”, acotó Méndez.
Enfatizó que los aspectos sociales, y sobre todo el sector turístico, están siendo fuertemente impactados, recordando que Bocas del Toro es una de las provincias que más visitantes extranjeros recibe.
Desde hace más de un mes, la provincia se encuentra con calles bloqueadas, y el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas se ha agudizado. El jueves en la tarde y noche se registraron disturbios en los que manifestantes bocatoreños irrumpieron en oficinas públicas y comercios, además de causar daños al estadio Calvin Byron y al aeropuerto de Changuinola.
Precisamente hoy, el Gobierno declaró un estado de urgencia, mediante el cual se suspenden las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro.
La medida implica restricciones severas a los derechos ciudadanos: las personas podrán ser detenidas sin orden judicial, no tendrán derecho a abogado, se suspende el habeas corpus y queda prohibido el derecho a reunión. Además, se podrán realizar allanamientos sin orden judicial, se limita el libre tránsito y se suspende el derecho a la libre expresión.
Las garantías afectadas están contempladas en los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución Política de la República de Panamá.
Con información de Jorge Quirós
