Cámara de Comercio reitera la urgencia de reformar el sistema de administración de justicia

Este domingo 28 de febrero, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) se refirió a lo que consideran una de las dos deficiencias estructurales más importantes en el país, en su boletín semanal: “La Cámara Opina”.

En primer lugar plantean la necesidad de reformas al Sistema de Administración de Justicia con prontitud. Según la organización, por años han subrayado que la base fundamental de la vida en democracia es el imperio de la justicia.

“Por cuanto careciendo de ésta, los ciudadanos y la sociedad están desprotegidos de sus garantías fundamentales, situación que se ha evidenciado y empeorado durante la pandemia”, dice el boletín.

Agregan que, en la actualidad la mayoría ve sus derechos vulnerados frente a un sistema judicial que no es capaz de defender los más básicos derechos constitucionales de los ciudadanos en medio de la pandemia.

También que no muestra resultado alguno ante los numerosos casos de corrupción de alto perfil, que con su falta de resultados impide que el país se defienda de listas discriminatorias multicolores, y como si fuese poco, no logra proteger ni siquiera a los niños y adolescentes del país.

En relación con el último punto, exigen consecuencias reales ante las revelaciones de los informes con respecto a albergues que debían ser supervisados y monitoreados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y donde se detallan “atrocidades inadmisibles; ante las cuales la justicia no puede continuar paralizada y muda”.

Dicen que, en su momento, se aplaudió que el actual Órgano Ejecutivo presentara al Legislativo las reformas al ordenamiento constitucional, que incluían la propuesta gremial, con respecto al Sistema de Administración de Justicia.

Sin embargo, se tenía la expectativa que, como proponente de las reformas y en respuesta a la exigencia del electorado, el Órgano Ejecutivo diera un seguimiento celoso al proceso hasta hacer de la propuesta una realidad.

La sociedad sigue esperando los cambios que ha reclamado por largo tiempo”, expresan.

Por otra parte, se han referido a la renuncia de Eduardo Ulloa de su cargo como procurador General de la Nación y sostienen que [el país] nuevamente enfrenta al reto de una vacante en la Procuraduría General de la Nación, que ha dejado más preguntas que respuestas claras y verdaderas.

Llama la atención que luego de haber hecho carrera dentro del Ministerio Público, el procurador General sustente su renuncia en un supuesto desconocimiento del escrutinio público del cargo y de la profundidad de las debilidades y necesidades del sistema para el cual se había comprometido a trabajar. Ante esos argumentos inconclusos y nada transparentes, la población merece respeto y explicaciones reales.

Afirman que el país necesita cuanto antes un marco que permita fortalecer un verdadero Estado de Derecho que se caracteriza por la separación de poderes, la certeza del castigo y un sistema de justicia equitativo.

La segunda deficiencia es la atención urgente, certera y real que demanda la situación de la Caja de Seguro Social. El gremio profundizará sobre este aspecto en su próximo boletín semanal.