Caso cheques de la Unachi: Realizan audiencia de garantías a representante de Arnulfo Arias

Una jueza de garantías declaró ilegal la aprehensión de cinco personas, entre ellas el representante de la Junta Comunal de Arnulfo Arias, Darío González, en una investigación que adelanta el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales, relacionados con el uso irregular de cheques de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

Además del representante del corregimiento, en la audiencia también fueron llevados un tesorero de la Junta Comunal, un trabajador que fungía como mensajero y conductor, así como una excajera del Banco Nacional y una oficial de operaciones de esa entidad bancaria.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Unachi, luego de que el Banco Nacional alertara sobre la emisión de tres cheques supuestamente girados desde una cuenta de la casa de estudios superiores. Uno de esos cheques fue depositado en la cuenta de la Junta Comunal de Arnulfo Arias, mientras que los otros dos estaban a nombre de empresas privadas.

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Posteriormente, la Unachi aclaró que esos cheques formaban parte de una chequera en blanco y no habían sido emitidos oficialmente por la universidad. Según el Ministerio Público, uno de esos cheques fue debitado e ingresado a la cuenta de la Junta Comunal el 27 de diciembre de 2024.

Ese mismo día, desde la cuenta de la Junta Comunal se habrían girado 17 cheques por un monto de 2 mil dólares cada uno, y el 30 de diciembre otros 12 cheques por la misma suma, lo que encendió las alertas bancarias. Tras detectarse la anomalía, la cuenta fue congelada, logrando debitarse alrededor de 60 mil dólares, según los informes preliminares.

Durante la audiencia de legalización de aprehensión, la jueza determinó que las detenciones eran ilegales, al considerar que el Ministerio Público contaba previamente con toda la información de los indiciados, quienes habían participado en entrevistas y diligencias durante la etapa de investigación, por lo que existían otros mecanismos para citarlos.

Pese a ello, se procedió con la imputación de cargos por los delitos de blanqueo de capitales y delito financiero, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y las defensas.

La defensa alegó que el representante de corregimiento manifestó en entrevistas que desconocía el origen exacto de los fondos, y que en julio de 2025 se informó a la Contraloría General de la República que ese dinero no correspondía a la Junta Comunal y que los montos debitados serían repuestos al Banco Nacional.

El Ministerio Público precisó que la investigación no se centra en una lesión patrimonial, sino en la trazabilidad del dinero, la dispersión de los fondos y los beneficiarios finales. Entre los elementos expuestos, se detalló que grupos familiares habrían recibido parte de los cheques y que un mensajero de la Junta Comunal recibió un cheque por 12 mil dólares, pese a que su nombramiento oficial correspondería a otra junta comunal, según registros del Municipio de San Miguelito.

Al cierre de esta audiencia, se decretó un receso, a la espera de la tercera fase del proceso, en la que el Ministerio Público presentará su solicitud de medidas cautelares.

Información de Meredith Serracín