MOCA acusa al Gobierno de ceder recursos públicos sin licitación ni sustento legal en procesamiento de material minero

Panamá/La autorización del Gobierno para la remoción de material en la mina de Donoso reavivó el debate sobre la legalidad de las operaciones mineras en el país, luego de que el Movimiento Otro Camino (MOCA) denunciara una presunta violación al ordenamiento jurídico, mientras el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) defendió la medida como una acción técnica para mitigar riesgos.

MOCA cuestionó la decisión al señalar que se trata de una autorización sin sustento legal. Según el movimiento, el Gobierno permitió a Minera Panamá la remoción de 38 millones de toneladas de roca, lo que, a su juicio, contradice el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero en noviembre de 2023 y la vigencia de la Ley 407 que prohíbe la minería metálica.

Bajo el argumento de "mitigar condiciones peligrosas", el Gobierno Nacional, a través del MICI, ha autorizado a Minera Panamá la remoción de 38 millones de toneladas de roca en la mina de Donoso, hecho que representa una nueva infracción al ordenamiento jurídico del país", se lee en el comunicado.

En su comunicado MOCA, advirtió que se estaría repitiendo un patrón institucional. “Los fallos de la CSJ se acatan en el papel y se ignoran en los hechos”, indicando que la medida implica la cesión de bienes públicos sin un proceso competitivo ni fundamento jurídico vigente.

Además, el movimiento sostuvo que la autorización se basa en condiciones que carecen de transparencia y controles. “se están entregando bienes públicos sin licitación, sin contrato-ley aplicable, sin salvaguardas ambientales reales y sin participación ciudadana”, planteó.

MOCA afirmó que esta situación responde a decisiones políticas que afectan el Estado de Derecho. “Esa erosión sistemática del Estado de Derecho no es un accidente administrativo, es una decisión política deliberada”, agregó, al tiempo que reiteró su postura de continuar defendiendo los intereses nacionales.

La posición de MOCA es institucional, no coyuntural. Lo que está ocurriendo no es una decisión tomada con el país, es una decisión tomada sobre el país. Independientemente de la postura que cada sector tenga sobre el futuro de la operación minera, hay una realidad que no admite interpretación: se están entregando bienes públicos sin licitación, sin contrato-ley aplicable, sin salvaguardas ambientales reales y sin participación ciudadana, y con una fórmula de pago calculada en base a una norma jurídica que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional. Eso no es una gestión responsable de los bienes públicos, es en realidad una acción para beneficiar intereses creados que tendrá consecuencias jurídicas y fiscales que el Estado panameño deberá enfrentar", se lee en el comunicado de MOCA.

Por su parte, el MICI explicó, en su momento, que la decisión responde a evaluaciones técnicas, ambientales y legales, y que se enmarca en normativas vigentes, como el Código de Recursos Minerales, decretos recientes y los resultados de una auditoría independiente.

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La institución regente aclaró que la mina no ha sido reabierta y que la medida tiene un alcance específico. “Habilita a la empresa Minera Panamá, S.A., a ejecutar un proceso estrictamente controlado de procesamiento de material que yace en la mina, y remoción y traslado del material resultante fuera del país, como acción puntual de eliminación de condiciones peligrosas identificadas mediante las evaluaciones técnicas”, detalla el comunicado.

El MICI indicó que la decisión fue formalizada mediante una resolución dentro del Plan de Preservación y Gestión Segura, con el objetivo de prevenir riesgos ambientales y proteger la salud de las comunidades cercanas, tras la publicación del Decreto Ejecutivo No. 5 de abril de 2026 en la Gaceta Oficial.