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Ciudad de panamá/La justicia panameña aplazó la audiencia en la que se decidirá si varios expedientes abiertos contra el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, serán acumulados en un solo proceso judicial.
La decisión fue adoptada por la jueza de garantías Diana García, del Primer Circuito Judicial de Panamá, luego de que el abogado particular Ángel Álvarez renunciara a la defensa del exfuncionario. Ante este cambio, el tribunal concedió tiempo a los nuevos representantes legales, Omar Jaén y Jean Paul Castillo, para revisar la documentación relacionada con los expedientes cuya unificación está siendo solicitada.
La audiencia fue reprogramada para el próximo 22 de octubre de 2026 a las 8:30 de la mañana en la Sala 3 del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en Plaza Ágora.
La solicitud presentada busca reunir en una sola causa varias investigaciones por presunto peculado doloso agravado, en las que Meneses figura como único imputado, junto con otro expediente por supuesto blanqueo de capitales que involucra a 11 personas adicionales.
Actualmente, el exdirector del Ifarhu enfrenta cuatro investigaciones distintas: dos por presunto peculado, una por supuesto blanqueo de capitales y otra por presunto enriquecimiento ilícito. Los casos avanzan en diferentes etapas procesales, incluyendo fase de investigación, etapa intermedia y procedimientos catalogados como causas complejas.
Además de la audiencia fijada para octubre, aún están pendientes otras dos diligencias relacionadas con solicitudes de acumulación de expedientes, programadas para el próximo 18 de junio en la Sala 5 del Sistema Penal Acusatorio.
Durante la audiencia celebrada este martes 2 de junio participaron representantes del Ministerio Público encabezados por la fiscal superior Azucena Aizpurúa. La defensa del exfuncionario estuvo a cargo de Jean Paul Castillo, quien compareció como abogado sustituto, junto a otros defensores particulares y un defensor público.
Las investigaciones contra Meneses surgieron tras una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual detectó presuntas irregularidades en el manejo administrativo del Ifarhu durante el pasado quinquenio. Los hallazgos dieron origen a una serie de pesquisas que hoy mantienen al exdirector bajo escrutinio judicial por posibles delitos contra la administración pública.
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