Contraloría da seguimiento a denuncias ciudadanas por presunto uso irregular de vehículos oficiales
Las denuncias pueden realizarse de forma confidencial llamando a la Línea 100 o a través de los diferentes canales oficiales de redes sociales de la Contraloría.
Ciudad de Panamá/La Contraloría General de la República informó que mantiene el seguimiento a varias denuncias ciudadanas relacionadas con el presunto uso irregular de vehículos oficiales, tras detectar posibles anomalías en unidades asignadas a la Junta Comunal de Pedregal y al Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En el caso de la Junta Comunal de Pedregal, una denuncia permitió ubicar un vehículo oficial sin placa reglamentaria ni logotipo institucional visible, estacionado en un edificio residencial privado.
De acuerdo con la información recabada, el vehículo habría sido trasladado a ese lugar debido a supuestos trabajos de reparación en los estacionamientos de la junta comunal.
Asimismo, la Contraloría recibió una denuncia relacionada con un vehículo oficial del Ministerio de Obras Públicas asignado al jefe de Auditoría Interna de esa entidad, caso que también es objeto de verificación.
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Como parte del proceso, la institución elabora los informes técnicos correspondientes para determinar las acciones legales que procedan y, de ser necesario, presentar las denuncias formales ante el Ministerio Público, conforme al procedimiento aplicado en investigaciones similares, como la realizada en la Junta Comunal de Ancón.
Estas actuaciones se producen luego de las recientes inspecciones nacionales efectuadas por la Contraloría en diversas instituciones públicas, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la fiscalización, promover el uso adecuado de los bienes del Estado y atender oportunamente las denuncias presentadas por la ciudadanía.
Las denuncias pueden realizarse de forma confidencial llamando a la Línea 100 o a través de los diferentes canales oficiales de redes sociales de la institución, contribuyendo así al fortalecimiento de la fiscalización y la protección de los recursos públicos.