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Creación de nuevos corregimientos supone una millonaria asignación en el presupuesto del Estado
Creación de corregimientos genera cuestionamientos
/ Luis Jiménez
Ciudad de Panamá/En total 17 nuevos corregimientos han creado los diputados en medio de la pandemia, la crisis económica y el descalabro en la calificación de riesgo como país y las consecuencias financieras que esto genera.
Benicio Robinson, es el proponente de la ley que crea 11 corregimientos en Bocas del Toro y Leopoldo Archibold, de otra propuesta de crea 6 en la comarca Ngäbe Bugle, que fue aprobado por insistencia este miércoles en el pleno legislativo.
La segregación política de nuevo territorios es cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil, Hermel Rodríguez, considera que la aprobación de este tipo de propuestas, “nos hace pensar que los diputados no están conectados con la actual realidad, de escases de recursos y la necesidad de ser comedidos y eficientes con el gasto público”
Estos 17 nuevos corregimientos le costarán al Estado más de 5 millones de dólares según fuentes relacionadas al MEF, esto a razón de más de 300 mil dólares por año cada corregimiento, en funcionamiento e inversión.
El economista y catedrático universitario, Olmedo Estrada, recalca que “incrementar el gasto público no es una vía saludable, tenemos problemas económicos muy serios para estar pensando en aumentar la planilla estatal, por el contrario”, debemos implementar una férrea contención del gasto, enfatizó Estrada.
En la Asamblea Nacional hay varios proyectos de ley que esperan su aprobación y que incluyen la creación de 29 nuevos corregimientos en Arraiján, Chepo, Chiriquí y la Comarca Guna Yala.
El diputado Leopoldo Archibold sostiene que su propuesta de crear 6 nuevos corregimientos en la comarca Ngäbe Bugle, no significa la creación de nuevo gasto para el actual presupuesto, porque estos corregimientos deben formalizarse en el 2024.
La propuesta había sido vetada por el ejecutivo por inconveniente e inexequible, porque crea nuevos cargos al presupuesto, falta de consulta a las autoridades comarcales, y la ausencia de un informe que sustente su necesidad por población y territorio. La Corte Suprema de Justicia tiene ahora la última palabra.
