Corrupción y falta de transparencia debilitan la justicia en Panamá, advierte Olga de Obaldía

La directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, advirtió que los recientes casos de alto perfil evidencian un problema estructural en la lucha contra la corrupción en Panamá, con un impacto directo en la confianza ciudadana en la administración de justicia.

De acuerdo con la especialista, el caso del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, de “gran corrupción”, que no solo involucra a altos funcionarios, sino que profundiza una erosión histórica de la confianza pública, marcada por la impunidad y la percepción de favoritismo.

“No se puede hablar de crimen organizado separado de la corrupción, porque la corrupción es una de sus herramientas habituales”, subrayó.

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Investigación en curso y proceso pendiente

Sobre el caso más reciente, De Obaldía explicó que lo primero que debe ocurrir es que los peritos concluyan la diligencia en curso y formalicen sus declaraciones, como parte del proceso iniciado por el Ministerio Público.

Indicó que tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la Nación han emitido comunicados, pero insistió en que el tema debe analizarse desde una perspectiva institucional y no personal.

Debilidades estructurales en la lucha anticorrupción

La experta señaló que Panamá enfrenta fallas profundas en su marco jurídico, lo que limita la capacidad de prevenir, detectar y sancionar la corrupción.

Entre los principales problemas destacó:

• Falta de transparencia sobre los bienes de los funcionarios públicos.
• Limitadas herramientas legales para investigar el enriquecimiento ilícito.
• Debilidad en las estructuras de prevención del delito.

De Obaldía recordó que proyectos de ley impulsados por la Procuraduría buscaban fortalecer estos aspectos, pero no avanzaron en la Asamblea Nacional.

“Seguimos pasando la página sin corregir las fallas del sistema, y así no vamos a salir del mismo lugar”, advirtió.

La directora también cuestionó el rol histórico de la Contraloría, señalando que durante años se han acumulado irregularidades y decisiones discrecionales.

Además, advirtió sobre un bloqueo político que impide avanzar en reformas anticorrupción, tanto desde el Legislativo como desde el Ejecutivo.

“Hay una dicotomía entre el discurso y la acción en la lucha contra la corrupción”, afirmó.

Corrupción, pobreza y desconfianza ciudadana

De Obaldía vinculó los niveles de corrupción con problemas sociales como la pobreza, destacando que un 30% de la niñez panameña vive en esta condición, en parte por el mal uso de los recursos públicos.

También recordó que, según mediciones internacionales como el Índice de Percepción de la Corrupción, Panamá enfrenta un momento crítico en materia de institucionalidad.

“La ciudadanía identifica la corrupción como uno de los principales problemas del país”, sostuvo.

Finalmente, la representante de la organización enfatizó la necesidad de que las instituciones actúen con independencia real, especialmente el Ministerio Público y la Contraloría.

“Si las instituciones de control no cumplen su función de manera independiente, no vamos a llegar a la justicia”, concluyó.

El pronunciamiento se da en medio de la expectativa por los resultados de la investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción, tras los recientes acontecimientos de alto perfil en el país.