Cortizo sanciona polémica Ley 798, que crea incentivos para el fomento de la actividad turística

La tarde de este lunes 20 de junio el presidente de la República, Laurentino Cortizo sancionó la ley 789 que crea incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado "esta nueva normativa, que deroga la Ley 122 y modifica la Ley 80, se reduce el incentivo desde un 100% a un 60% de crédito fiscal del valor total del proyecto (excluyendo el valor de la finca y la infraestructura), más un 5% del valor de la infraestructura del Plan Maestro".

"Además, se acorta el periodo del incentivo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2024 (hoy es hasta 2025) y se limita a los destinos o áreas de interés turístico, fuera del distrito de Panamá", señala la nota oficial.

Cortizo al sancionar la ley la defendió y aseguró que serán muchos los beneficios que tendrá el país y que además, se impulsará el crecimiento de la actividad turística y de la construcción.

"El objetivo de la ley es consolidar a Panamá como destino turístico de clase mundial (...) La normativa es autofinanciable, ya que al iniciar las construcciones turísticas se generan para el Estado impuestos de ITBMS, permisos, contribuciones a la Caja de Seguro Social (CSS), y posteriormente impuestos sobre la renta permanente, que luego se van compensando con los créditos otorgados", dijo Cortizo en su discurso televisado por la televisión estatal SERTV.

Una ley cuestionada

Eugenio Stoute, analista político en declaraciones al programa Mesa de Periodistas el pasado 3 de mayo dijo que firmó una solicitud para que Cortizo no sancioné el proyecto de Ley 789, ya que considera que se le causará un enorme daño al erario, asegurando que entre lo que se ha declarado y solicitado suman 620 millones de dólares, o sea, que el pueblo financiará 620 millones de dólares que solo beneficiarán a los empresarios, es decir la inversión les saldrá completamente gratis.

Explicó que este proyecto deroga la Ley 122 de 2019 y modifica la Ley 80, pero, sobre la primera ya existe una impugnación por inconstitucional en la Corte Suprema.

Aparte del 100% del crédito fiscal a la inversión, lo verdaderamente inédito en esta ley, es que el inversionista puede vender o “ceder” el crédito fiscal total o parcialmente “independientemente de si ha transferido o no lo bonos, acciones o instrumentos financieros”. Esto se traduce en la transformación a dinero real de un “incentivo fiscal”, es decir, que el Estado (es decir, fondos que pudieron ser destinados a educación, salud, etc.) no solo dejaría de recibir impuestos para incentivar la construcción turística, sino que quienes compren los instrumentos financieros podrán eventualmente obtener dinero por venderlos. Todo un nuevo nivel de estímulo por parte del gobierno. “Drenaje de fondos públicos”, en palabras del abogado Ramón Ricard Arias, quien demandó ante la Corte la primera ley que introdujo estos incentivos.