Noticiero A.M.
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Una docente se tendrá que reportar de forma periódica luego de que se le imputaran cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.
La investigación en contra de la docente está relacionada con la supuesta venta de nombramientos dentro del Ministerio de Educación a cambio de altas sumas de dinero.
La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí, Saida Romero, dio por presentada la formulación de imputación de cargos contra la docente de 54 años.
En tal sentido, la juzgadora, después de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, le impuso el reporte periódico los días viernes de cada semana en la Personería de Dolega.
Detallaron que al valorar los riesgos procesales números 2 y 3 contemplados en el artículo 227 del Código Procesal Penal, como son cuando existan motivos graves y fundados para inferir que la imputada puede destruir o afectar medios de prueba, y porque hay necesidad de cautela, ya que la ciudadana tiene multiplicidad de causas en su contra.
En este acto, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Ericka Bedoya; mientras que la exfuncionaria del Ministerio de Educación fue asistida legalmente por el defensor particular César Cerrud, y por la querella intervino el defensor particular Carlos Gutiérrez.
Esta causa penal se originó por varios hechos ocurridos entre el 5 de enero y marzo de 2019, cuando presuntamente la profesora de inglés, simuló tener influencias en el citado ministerio con las cuales conseguiría nombramientos permanentes a cambio de dinero que recibió en su cuenta bancaria por la suma de 10,700 dólares. Por este caso, la docente fue trasladada de centro educativo, y posteriormente fue removida del cargo al mantener cerca de siete causas pendientes.