Defensor del Pueblo sobre situación en Darién: 'ninguna norma puede violentar los derechos fundamentales'
El defensor del Pueblo hizo un llamado a restablecer la paz social, sobre todo en Bocas del Toro y Darién, que son los dos puntos en donde la situación se ha tornado crítica.
Panamá/El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, brindó un balance de las manifestaciones sociales que se han registrado a nivel nacional y más puntualmente en la comunidad indígena de Arimae, en la provincia de Darién, luego de que la tensión de las manifestaciones por el rechazo a la Ley 462 de 2025 se tornara un poco más violenta, tras registrarse agresiones a algunos ciudadanos.
Leblanc ha hecho un llamado a la paz social y a utilizar el diálogo para llegar a consensos entre los manifestantes y el gobierno nacional.
De acuerdo con Leblanc, a nivel nacional se han registrado más de 500 movimientos sociales, en donde menos del 10% de estas acciones han tenido algún tipo de violencia, siendo uno de estos Arimae, en donde los manifestantes cerraron varias vías.
Fue enfático al indicar que los derechos fundamentales privan sobre cualquier otro decreto o ley comarcal.
“El derecho a la libertad y a la vida priva sobre cualquier otro derecho”, remarcó, refiriéndose a las declaraciones vertidas por el abogado de Héctor Huertas, que criticó la medida de detención provisional ordenada en contra de quienes cometieron actos violentos en contra de una agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
“Tengo que repudiar también la acción que se tomó, independientemente de donde trabaja. Es una mujer que se dirigía a su trabajo y que no pudo haber sido retenida fuera de su voluntad”, reprochó.
Agregó que, aunque existen normas que operan en los territorios y en las comarcas, “ninguna de esas normas puede violentar los derechos fundamentales”.
“Yo respeto mucho la jurisdicción penal, civil. Sin embargo, bajo los derechos humanos que corresponden por ley y por convenios internacionales, debo indicar que hay una casi clara vulneración al derecho”, subrayó.
Ante el reporte de una supuesta persona muerta, la Defensoría del Pueblo aseguró que mantiene verificaciones como parte del Plan de Acompañamiento Ciudadano en los cuarteles de policía, hospitales, morgues, y hasta la fecha, no se tiene ningún reporte de personas fallecidas en Arimae.
Además, aclaró que cuando el equipo de la Defensoría del Pueblo se acerca a la Policía Nacional es para constatar qué tipo de municiones se tiene a fin de establecer todos estos detalles en los informes sobre uso de la fuerza en las manifestaciones.
Leblanc detalla que los informes contemplan la evidencia de los cartuchos de escopeta, que tienen inscrita la palabra “no letal”, y los otros cartuchos blancos, que son los percursores para volar las lacrimógenas. Sin embargo, todas estas armas “son potencialmente letales si son mal utilizadas o de forma, con una distancia muy cercana”, advirtió.
“Hemos estado verificando todas las personas que han estado heridas por algún uso de la fuerza no letal”, explicó.
El defensor del Pueblo hizo un llamado a restablecer la paz social, sobre todo en Bocas del Toro y Darién, que son los dos puntos en donde la situación se ha tornado crítica, recordando siempre que los más afectados son los jóvenes y niños del país, que ya llevan más de un mes sin clases.
Reacción del abogado de los detenidos
El abogado Héctor Huertas, representante legal de los detenidos en la comunidad de Arimae, provincia del Darién, se refirió a los recientes hechos que involucran a miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y a residentes de dicha comunidad indígena.
En declaraciones dadas durante una entrevista en Noticias AM, Huertas dio su versión de los acontecimientos, indicando que forman parte de una manifestación social liderada por la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) y otras organizaciones, en rechazo a decisiones del Órgano Ejecutivo. Aseguró que las acciones realizadas por la comunidad se amparan en el derecho a la libertad de expresión y de reunión.
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“El origen de esta situación está en el descontento por decisiones del Ejecutivo. La comunidad de Arimae, que tiene su propia normativa y autoridades, se encontraba en una manifestación legítima”, afirmó Huertas.
Consultado sobre los videos que circularon en redes sociales, en los que se observa la retención de una funcionaria de Senafront, el abogado reconoció que se trató de una aprehensión, pero alegó que en los territorios indígenas esta práctica está permitida dentro de su marco normativo. Sin embargo, admitió que estas acciones “no son fáciles” y deben ser analizadas en contexto.
El Ministerio Público imputó cargos a cinco personas vinculadas al caso, quienes actualmente enfrentan medidas cautelares. Huertas consideró que la medida de detención preventiva fue excesiva y que existían otras opciones legales para garantizar el proceso.
Huertas anunció que se ha apelado la decisión, y que la audiencia correspondiente se celebrará el próximo 13 de junio.