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El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, reconoció que la adquisición de viviendas mediante el régimen de interés preferencial ha mostrado una desaceleración tras las recientes reformas a la ley, aunque aseguró que la actividad no se encuentra detenida.
Según explicó, la principal limitante es que una parte importante de la demanda no cumple con los requisitos para acceder a financiamiento bancario.
Jované indicó que para obtener un crédito hipotecario las familias deben contar con la solidez financiera necesaria para que las entidades bancarias puedan aprobar los préstamos. Añadió que esta situación contrasta con el comportamiento de otros segmentos del mercado crediticio.
“Reconocemos que el primer semestre ha sido un poco lento, pero no estancado”, indicó.
El ministro señaló que la banca estatal está retomando su compromiso de apoyar a las familias de escasos recursos mediante programas de interés preferencial, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda propia.
Durante su entrevista en Noticias AM también se refirió a la situación financiera heredada por la actual administración.
“La deuda que heredamos fue gigantesca y no solamente en interés preferencial, sino en cuentas por pagar a los proveedores, empresas constructoras, el bono solidario, deudas gigantescas que hemos venido honrando paso a paso, estamos en eso, sacrificando inclusive inversión de proyectos nuevos hasta poner la casa en orden”.
Como ejemplo de este proceso, mencionó varios proyectos habitacionales que, según dijo, han sido rescatados por la actual gestión.
“Una muestra de esto es Ciudad Esperanza, lo rescatamos, estamos honrando las deudas y terminando estos proyectos”, afirmó, al indicar que ya llegó a feliz término.
El ministro detalló que en la segunda etapa de Altos de Los Lagos, en la provincia de Colón, se prevé la entrega de entre 400 y 500 unidades de vivienda.
En cuanto al proyecto Lomas del Mastranto, explicó que enfrenta un problema técnico más complejo debido al riesgo que representa un talud ubicado en la parte posterior del terreno. Actualmente, se evalúa si será necesario descartar una etapa del proyecto para garantizar la seguridad del desarrollo, aunque aseguró que esperan reactivar los trabajos durante este año con el apoyo y las evaluaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá.
También indicó que el área destinada a la planta de tratamiento de aguas servidas fue invadida, situación que obliga a realizar obras adicionales de gran magnitud, incluyendo colectores, lo que representa costos adicionales para evitar que el proyecto se pierda y lograr su recuperación.
Jované informó además que la administración ha logrado rescatar alrededor de 25 proyectos habitacionales, tanto verticales como horizontales. No obstante, recordó que Panamá mantiene un déficit habitacional estimado en 185 mil viviendas.
Respecto al desarrollo de viviendas horizontales, explicó que uno de los principales retos es que el crecimiento urbanístico ha superado la capacidad del Estado para dotar a estas comunidades de infraestructura social, como transporte, escuelas y hospitales.
El ministro destacó además la importancia de la convivencia comunitaria una vez son entregadas las viviendas. En ese sentido, señaló que en Ciudad Esperanza se ha detectado que algunas personas están ocupando unidades habitacionales de forma ilegal, sin contar con contratos formalizados con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
Agregó que los residentes están recibiendo capacitación para fortalecer la convivencia y promover relaciones pacíficas dentro de las comunidades.
Por otra parte, anunció que el Ejecutivo cuenta con un proyecto de ley que contempla la disolución progresiva del Banco Hipotecario Nacional y el traslado de su cartera de préstamos a la Caja de Ahorro.
De acuerdo con el ministro, la iniciativa establece que el Miviot mantendrá la rectoría de la política nacional de vivienda, incluyendo subsidios, programas de interés social, planificación y articulación territorial.
Mientras tanto, la Caja de Ahorro asumiría el financiamiento hipotecario, la administración crediticia y los productos financieros relacionados con la cartera del Banco Hipotecario. Jované aclaró que dichas carteras serían administradas de forma separada y no serían fusionadas con las operaciones regulares de la entidad bancaria.
La propuesta también contempla la creación de un Comité de Transición integrado por representantes de la Caja de Ahorro, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y el Miviot. Este organismo será responsable de elaborar y ejecutar el plan de transición una vez la ley sea aprobada.
Según explicó, el proceso deberá concluir el 31 de diciembre de 2027.
Asimismo, los bienes inmuebles que actualmente pertenecen al Banco Hipotecario pasarían a ser propiedad de la Nación y quedarían bajo la administración del Miviot para su uso exclusivo en programas de vivienda de interés social.
El ministro adelantó que el proyecto de ley será presentado ante la Asamblea Nacional una vez inicie el nuevo período legislativo, el próximo 1 de julio.