Buscan que se declare la nulidad del decreto que regula las plataformas de transporte, advierten impacto en tarifas

Panamá/Así como lo había anunciado, el abogado y diputado Ernesto Cedeño presentó hoy una demanda contencioso-administrativa para que se declare nulo el decreto ejecutivo que regula las plataformas digitales de transporte, conocidas como servicios de “transporte de lujo”, al considerar cuestionable el reglamento firmado por el presidente de la República y la ministra de Gobierno.

En el documento, Cedeño advierte que “los derechos económicos de un buen sector de los habitantes de Panamá, que son usuarios del transporte terrestre público selectivo de lujo, se verán vulnerados por las normas del Decreto Ejecutivo objetado, pues de preservarse el servicio, que estará en tela de dudas, se les cobrará en los próximos días, un aumento de tarifa, que no fue consultada apropiadamente como corresponde, no obstante, el Ministerio de Gobierno aprobó el Decreto Ejecutivo censurado y pretende ejecutarlo de manera expedita, si no se suspende el acto administrativo demandado”.

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El diputado ataca la disposición del Decreto Ejecutivo N° 10 de 16 de abril de 2026, que establece que el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo, solicitado a través de tecnologías de la información y comunicación, con tarifas pagadas electrónicamente o en efectivo, solo podrá operar con el aval de una prestataria de transporte autorizada vigente en Panamá.

En ese sentido, señala que esta exigencia tendría un efecto directo en el costo del servicio. “Lo planteado se afirma, habida cuenta de que, sí se debe contar con el aval de una organización de transporte autorizada (prestataria), para poder desarrollar este servicio de lujo; ésta definitivamente cobrará por la autorización y por consiguiente, un aumento se verá reflejado a posteriori, en las tarifas que deberá afrontar el usuario del servicio. Véase el artículo 2 del instrumento atacado”.

En la demanda también se solicita la suspensión de los efectos del decreto. “Por lo antes expuesto, debe suspenderse los efectos de lo demandado, para así evitar un perjuicio notoriamente grave a muchos habitantes de este País”, se lee en el escrito.

Cedeño ha dicho que el decreto tiene “visos de legalidad” y afirmó que cumple con su rol ciudadano al llevar el tema a los tribunales para su revisión. También cuestionó el proceso previo a la firma del documento, al considerar que el Ejecutivo debió analizarlo con mayor profundidad antes de su aprobación.

La acción ocurre en medio del anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, de que sostendrá una reunión con el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Nicolás Brea y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para revisar el Decreto 10, luego de los cuestionamientos que ha recibido el documento, publicado la semana pasada en la Gaceta Oficial.

En Panamá, plataformas como Uber, DiDi e inDrive han operado durante años sin una regulación clara ni tarifas avaladas por la autoridad, lo que generó tensiones con el sector transporte.

Con la derogación del decreto 331 de 2017 y la entrada en vigor del nuevo marco, el país avanza hacia una regulación más estricta en medio del debate sobre sus efectos en la movilidad y en quienes dependen de estas aplicaciones para generar ingresos.