Casos de descentralización: Lesión suma $24.8 millones y deja 44 funcionarios imputados

Panamá/El Ministerio Público, a través de las Fiscalías Anticorrupción, informó sobre los avances en las investigaciones por delitos contra la administración pública durante el 2025, entre ellos peculado, corrupción de servidores públicos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

A nivel nacional, se han registrado 4,725 causas activas, siendo el delito de peculado el de mayor incidencia, con 705 investigaciones en curso.

Lesión en caso de descentralización suma $24.8 millones

Entre las operaciones más relevantes destaca “Operación Comunidad”, que investiga presuntas irregularidades en juntas comunales y el programa de descentralización, vinculadas a delitos de peculado, violación de sellos públicos y sustracción de documentos.

De acuerdo con el Ministerio Público, la modalidad de operación consistía en el mal uso del Programa de Interés Social (PDIS) , un programa de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) destinado a financiar proyectos comunitarios.

Hasta la fecha, la Autoridad Nacional de Descentralización ha presentado 290 denuncias, de las cuales 281 permanecen activas, ya que 9 fueron inhabilitadas por duplicidad con denuncias previas presentadas por particulares.

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Asimismo, se han recibido 36 informes de auditoría, de los cuales 35 reflejan lesión patrimonial, que asciende a un monto de $24,830,652.20. El único informe sin lesión corresponde a la junta comunal de Curundú, recibido este lunes.

Las diligencias, iniciadas en julio, han derivado en 23 causas judicializadas, con un total de 44 personas —entre exfuncionarios y funcionarios actuales— imputadas. Una de las imputaciones no fue admitida por el juzgado correspondiente.

En cuanto a las medidas cautelares, se reportan 8 detenciones provisionales, 8 detenciones domiciliarias y 28 medidas distintas, según precisó la entidad.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de continuar las investigaciones para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos de descentralización y asegurar que los recursos destinados al desarrollo comunitario se utilicen de manera adecuada.