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Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) insistió este martes 1 de septiembre en la necesidad de revisar el Proyecto de Ley 226, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, que amplía los beneficios, incorpora nuevos descuentos y aumenta otros existentes para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Durante una entrevista con TVN Noticias, el presidente de la Cciap, Aurelio Barría Pino, explicó que el gremio propone establecer una mesa técnica en la que participen los sectores involucrados para determinar el impacto real de la iniciativa antes de su implementación.
Barría reiteró el llamado realizado por la Cciap al presidente de la República para que vete el proyecto en su conjunto, pero aclaró que la posición del gremio no busca eliminar el apoyo a los adultos mayores.
“No es vetar por vetar”, sostuvo Barría, quien considera que la iniciativa puede ser perfeccionada mediante una evaluación técnica que permita establecer cómo implementar los beneficios de una manera sostenible.
Según el presidente de la Cámara de Comercio, la mesa técnica debería analizar principalmente tres aspectos: el impacto de los descuentos sobre los precios para el resto de la población, el efecto en las micro y pequeñas empresas y las consecuencias para la capacidad de recaudación del Estado.
Barría advirtió que las MiPymes son particularmente vulnerables debido a que tienen que asumir costos como planillas, alquileres, energía, insumos, financiamiento e impuestos, por lo que nuevos descuentos podrían afectar sus márgenes de ganancia y su flujo de caja.
“Necesitamos poder calcular el impacto que esto puede generar en las pequeñas empresas”, afirmó.
La Cciap también cuestiona que el proyecto contemple un crédito fiscal del 100% para reconocer los descuentos. Barría explicó que el beneficio fiscal no representa necesariamente liquidez inmediata para los comercios, mientras que los descuentos deben aplicarse diariamente.
El empresario señaló que esto podría generar una acumulación durante el año y posteriormente traducirse en créditos fiscales que reduzcan el monto de impuestos que algunos comercios tendrían que pagar al Estado.
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Otro de los principales argumentos de la Cciap es el eventual efecto sobre los precios.
Barría recordó que desde la implementación de los descuentos para jubilados se ha observado que algunos comercios pueden intentar compensar el impacto reduciendo sus márgenes o trasladando parte de los costos a los precios.
El riesgo, explicó, podría ser mayor para pequeños restaurantes, farmacias, hostales y otros establecimientos que no tienen capacidad para absorber descuentos elevados.
“Esto puede generar un efecto inflacionario, que los precios suban”, señaló.
La preocupación, según Barría, no se limita a los establecimientos comerciales, sino que puede terminar afectando a consumidores que no pertenecen al grupo beneficiario.
La Cciap plantea además que los beneficios sean focalizados en los adultos mayores más vulnerables, particularmente aquellos con pensiones bajas.
Barría cuestionó que el proyecto tenga un alcance amplio y puso como ejemplo los descuentos en productos como ropa y calzado, donde no necesariamente es posible determinar si la compra realizada por una persona de la tercera edad es exclusivamente para su uso personal.
“Creo que es importante, nuevamente, no es vetar por vetar. Es poder focalizarlo para que realmente ese beneficio pueda llegar a las personas que realmente lo necesitan”, manifestó.
El presidente de la Cciap reconoció que existe una situación económica difícil para una parte importante de los jubilados y aseguró que el sector empresarial está dispuesto a contribuir a buscar soluciones.
Indicó que actualmente mantienen conversaciones con actores del Gobierno para evaluar mecanismos que permitan reducir el costo de la canasta básica en supermercados, incluso mediante sacrificios en los márgenes comerciales.
Barría insistió en que el objetivo debe ser encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger a los adultos mayores y la sostenibilidad de las empresas y las finanzas públicas.
“Queremos apoyar, pero tiene que estar balanceado, tiene que ser coherente, tiene que hacer sentido”, expresó.
Por ello, la Cciap propone que el proyecto sea sometido a una revisión desde los puntos de vista técnico, económico y fiscal, antes de definir su aplicación.
La organización sostiene que una política social dirigida a los adultos mayores es necesaria, pero considera que no debe generar nuevas cargas que puedan comprometer la operación de las MiPymes, provocar aumentos de precios o afectar la capacidad de recaudación del Estado.
Durante la entrevista, Barría también se refirió al paquete de reformas al Código Electoral presentado ante la Asamblea Nacional.
Explicó que la Cciap, como defensora de la libre empresa y del sistema democrático, se encuentra evaluando la propuesta y advirtió que algunos de sus elementos podrían limitar la participación independiente.
Aseguró que el gremio emitirá una posición más concreta una vez concluya su análisis, pero adelantó que respaldará las iniciativas orientadas a perfeccionar la democracia y ampliar la participación ciudadana.