Diez años después, las víctimas del 8B-06 reclaman que reabran el caso

Familiares y víctimas de la tragedia del 23 de octubre organizan actividades / TVN Noticias

Los sobrevivientes y familiares de los fallecidos en el incendio del 8B-06 han reclamado este martes la reapertura del expediente de ese incidente, para investigar a una serie de funcionarios que, dicen, “actuaron de forma dudosa”.

“Hay que saber qué fue lo que pasó y por qué actuaron así”, sostuvo el abogado Víctor Martínez, defensa de las víctimas del bus de La Cresta, en una conferencia en la que anunciaron los actos con los que conmemorarán la primera década de la tragedia, y en la que lanzaron el libro "8B-06, crónica de una tragedia anunciada".

En 2010 los magistrados Winston Spadafora, Víctor Benavides y Alejandro Moncada Luna no admitieron un recurso contra el Estado por el siniestro. En 2011 Jerónimo Mejía, Aníbal Salas y José Abel Almengor no admitieron a Luis Contreras

El 23 de octubre de 2006 18 personas murieron calcinadas en el autobús, que cubría el servicio de Mano de Piedra-Corredor Norte-5 de Mayo.

“Y no murieron asfixiados… se quemaron vivos”, insistió Martínez.

Libro "8B-06, crónica de una tragedia anunciada".
Libro "8B-06, crónica de una tragedia anunciada". / TVN Noticias

En 2012, la Sala Penal negó admitir como querellantes en un caso contra Bolívar Pariente, el gerente del Banco Nacional que concedió el crédito para la compra del bus incendiado, y en 2011 la Sala Tercera rechazó una querella contra el Estado.

El próximo año debe definirse en una audiencia en Kansas, Estados Unidos, un proceso civil contra la empresa Norcut, que vendió el gas refrigerante que provocó el incendio, y que –de acuerdo con las víctimas- estaba contraindicado para el transporte público en el país norteamericano.

“Además, en Panamá, en 1998 el Sinaproc advirtió a la Autoridad del Tránsito sobre ese gas, pero no se hizo caso y ocho años después ocurrió esta tragedia”, reclamó Martínez.

A partir de los resultados de ese proceso, las víctimas se plantean presionar para la reapertura de la causa en Panamá.

O si no, ha recordado Martínez, llevarán su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si d

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