Afectados por el dietilenglicol exigen atención y conversar con el presidente Mulino

Representantes del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud, Omayra Tristán y Briceyda Moreno, denuncian la falta de atención y respuesta por parte del gobierno a sus demandas, lo que los ha llevado a realizar protestas, incluyendo el cierre de la vía Interamericana en Divisa registrado en horas de la mañana de ayer.

Los pacientes exigen que se incluya a más afectados en los registros oficiales y que se les brinde la atención y el tratamiento adecuados. Omayra Tristán explicó que, a pesar de haber enviado comunicaciones al presidente José Raúl Mulino y a varios ministros, y de haber tenido una reunión con el viceministro de Salud, no han obtenido soluciones concretas.

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"Desde que iniciamos en este nuevo periodo de gobierno, pues tratamos de acercarnos a través de la presidencia para que se enviaran misivas, para conversar con el señor presidente y con todos sus ministros... pero no ha habido respuesta", declaró Tristán.

Según las representantes del comité, de los aproximadamente 1,400 expedientes de afectados por dietilenglicol, solo alrededor de 200 han sido certificados. Critican que se niegue la condición de afectados a pesar de que las personas presentan secuelas evidentes del envenenamiento.

Por su parte, Briceyda Moreno, quien también es paciente afectada, relató las graves secuelas que ha sufrido.

"Ahorita voy para 6 meses operada de cambio de material quirúrgico de mi columna. Estoy trasplantada de las vértebras L1, L5 y L4", señaló. Moreno destacó que es la única sobreviviente de la clínica Alzira, donde muchos otros pacientes fallecieron.

Las representantes del comité también denunciaron irregularidades en el proceso de certificación y en el reconocimiento de las pensiones a familiares de los fallecidos.

Ayer, ante la falta de respuesta, los pacientes realizaron un cierre de vía en Divisa, lo que resultó en un enfrentamiento con unidades de la Policía Nacional. Tristán describió el incidente, señalando que la gobernadora de Veraguas no mostró empatía con su situación.

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"Ayer nosotros fuimos al cierre en Divisa y solicitamos la certificación de los compañeros que no están certificados y a los que no les han pagado la pensión. Todo iba muy bien en el momento. Dos horas después llega la gobernadora de Veragua y nos dice, '¿Cuál es el cuento de ustedes?'... No hubo un trato humano por parte de la gobernadora", denunció Tristán.

Las representantes del comité hicieron un llamado al presidente de la República para que se reúna con ellos y atienda sus demandas. "Le pedimos al señor presidente que nos atienda porque ayer también en uno de los comunicados decía, 'él en su comunicado que había que ir al diálogo', pero sí hemos tratado de conversar con él y no ha sido posible", concluyó Tristán.

Cabe destacar que, tras la manifestación, el Ministerio de Salud, a cargo del ministro Fernando Boyd, rechazó los cierres de calle como medida de presión por parte de los afectados por dietilenglicol y recordó que el reconocimiento como “víctima” debe seguir el trámite legal correspondiente.

“El Ministerio de Salud, en esta administración, se ha reunido en dos ocasiones con pacientes organizados y no organizados para escuchar sus inquietudes; por ello, rechaza los cierres de calle como medida de presión para obtener una respuesta que debe seguir un trámite establecido por ley”, se indica en un comunicado.

De igual manera, el Minsa señaló en su comunicado que tiene pendiente notificar a 336 personas afectadas por el consumo de medicamentos contaminados con dietilenglicol, quienes ya cuentan con resoluciones ministeriales favorables. Sin embargo, algunas no han podido ser localizadas y otras, pese a haber sido citadas, no han acudido a notificarse, entre ellas 33 miembros del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud.

Agregaron que la actual administración ha evaluado 1,77 expedientes de los 1,383 recibidos por la Comisión Evaluadora desde 2015, de personas que aseguran haber sido afectadas por medicamentos contaminados distribuidos por la Caja de Seguro Social entre 2004 y 2006. Cabe recordar que dicha Comisión fue creada mediante la Ley 12 de 2015.