Diputado Pérez Barboni presenta proyecto para modificar la edad de imputabilidad penal de adolescentes

Ciudad de Panamá/El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), presentó el pasado lunes 5 de enero un anteproyecto de ley que busca reformar el régimen de responsabilidad penal para la adolescencia en Panamá.

La propuesta plantea bajar la edad de imputabilidad penal a los 12 años y endurecer las sanciones contra menores involucrados en delitos graves como homicidio, violación, tráfico de drogas, pandillerismo y posesión ilícita de armas.

Mira aquí el proyecto completo que busca reformar el régimen de responsabilidad penal para la adolescencia en Panamá

La iniciativa se sustenta en cifras alarmantes del Centro de Estadísticas del Ministerio Público (CEMP): solo entre enero y noviembre de 2025, se registraron 4,160 denuncias contra adolescentes, con focos críticos en la provincia de Panamá (1,117 casos), Panamá Oeste (643), Chiriquí (684) y Colón (256).

“Estos jóvenes no actúan solos”, advirtió Pérez Barboni durante su intervención en el pleno. de la Asamblea. “Detrás hay adultos que los usan como escudos humanos porque saben que el sistema actual les ofrece penas mínimas o medidas simbólicas”.

¿Qué cambia con la reforma?

El anteproyecto busca modificar 15 artículos de la Ley 40 de 1999. Entre los cambios más relevantes está el restablecimiento de la imputabilidad penal a partir de los 12 años, eliminando la franja que hoy existe entre los 12 y los 14 años.

Para menores de 10 a 12 años, se mantendrán medidas reeducativas bajo supervisión estatal, aunque con posibilidad de ser tratados como mayores si demuestran madurez suficiente.

Además, se amplía el listado de delitos que permiten la detención provisional inmediata: ahora incluye robo agravado, extorsión, terrorismo y asociación ilícita. En casos de homicidio doloso agravado, el texto propone aplicar directamente las penas del Código Penal sin atenuantes.

Las sanciones en centros de cumplimiento podrían llegar hasta los 15 años para lesiones con resultado de muerte, y hasta 12 años por terrorismo o secuestro agravado.

Otro eje central es el combate a la “autoría intelectual”: el proyecto permite suspender condicionalmente el proceso si el adolescente colabora revelando quién lo reclutó o dirigió. Esto apunta directamente a líderes de pandillas y redes criminales que explotan la menor responsabilidad legal de los menores.

Pérez Barboni reconoció que la propuesta podría generar tensiones con tratados internacionales sobre derechos de la niñez, pero insistió en que “el Estado también tiene el deber de proteger a las víctimas y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.