Empresa responde a denuncia por detonaciones y asegura que cuenta con todos los permisos

Ciudad de Panamá, Panamá/La empresa vinculada al proyecto señalado por residentes de varias comunidades del norte de la capital por detonaciones reiteradas respondió a los reclamos y aseguró que existe un procedimiento formal establecido para atender cualquier afectación, además de afirmar que cuentan con todos los permisos requeridos para la ejecución del proyecto.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Juan Carlos Benítez, gerente de proyectos Milla 9, quien explicó que se habilitó un mecanismo a través del Juzgado de Paz de Ernesto Córdoba Campos para que los residentes que consideren haber sufrido daños en sus propiedades puedan presentar sus denuncias de manera formal.

“Se estableció un procedimiento a través del Juzgado de Paz de Ernesto Córdoba Campos, donde todos los que tengan sospecha de verse afectados con distintos daños en su propiedad asistan, establezcan el procedimiento, lo firmamos y queda como una prueba evidente de que hay una queja”, indicó Benítez.

Al ser consultado sobre la cantidad de denuncias recibidas hasta el momento, el gerente de proyectos aseguró que solo un residente ha acudido al Juzgado de Paz, y que ese caso se registró en el mes de agosto.

“Desde que se estableció el procedimiento, solamente un residente se ha acercado al Juzgado de Paz. Hemos sido insistentes en que lo cumplan a través de la profesional que está a cargo de asuntos comunitarios, que está con ellos diariamente y que asiste a las distintas comunidades en las fechas de voladura", acotó.

Benítez agregó que el proyecto opera con todos los permisos correspondientes, incluidos los requeridos por las autoridades competentes, y que la empresa ha seguido los procedimientos establecidos para este tipo de trabajos.

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Reclamos persistentes de los residentes

La respuesta de la empresa surge luego de que residentes del PH Vistas del Rocío y de comunidades aledañas, como Princesa de Gales, Villa Alegría, La Alhambra y Villa Zaita, alzaran su voz para exigir el cese inmediato de las detonaciones, que aseguran se realizan desde hace dos años y tres meses.

Los moradores denuncian daños estructurales en sus viviendas, afectaciones a la salud y un ambiente constante de temor, especialmente porque los edificios cuentan con sistemas de gas, lo que —según advierten— podría derivar en una tragedia si continúan las explosiones.

“Lo primero que estamos pidiendo es que paren las voladuras. Nosotros no tenemos tiempo para esperar procesos largos; somos los que estamos sufriendo las consecuencias”, expresó uno de los vecinos afectados.

Además, cuestionan la falta de acceso a información sobre permisos ambientales, estudios de impacto ambiental y la póliza de responsabilidad civil, documentos que aseguran haber solicitado sin recibir respuesta. Muchos residentes indican que han tenido que asumir costosos arreglos en sus viviendas sin recibir compensación.

Investigación en curso

En medio de esta controversia, la Procuraduría General de la Nación informó que el 19 de enero inició una investigación de oficio a través de la Fiscalía Superior de Ambiente, tras una denuncia presentada por moradores de estas comunidades y difundida en un medio de comunicación social.

Aunque los vecinos reconocen la apertura de la investigación como un primer paso, insisten en que no es suficiente si las detonaciones continúan mientras se desarrollan los procesos legales.

“El llamado es claro: que no se quede solo en investigación y que se ordene de inmediato un alto a las explosiones”, reiteraron los residentes, a la espera de una respuesta concreta y acciones urgentes por parte de las autoridades.

Con información de Heady Leane Morán