Vecinos del norte de la capital exigen el cese de detonaciones por daños y riesgos a la salud

Ciudad de Panamá, Panamá/Residentes de varias comunidades del norte de la ciudad capital alzaron nuevamente su voz para exigir a las autoridades el cese inmediato de las detonaciones o explosiones que, aseguran, se realizan desde hace más de dos años en un proyecto inmobiliario cercano y que ya han provocado daños estructurales en viviendas, afectaciones a la salud y un clima constante de temor.

Los moradores del PH Vistas del Rocío, junto a comunidades aledañas como Princesa de Gales, Villa Alegría, La Alhambra y Villa Zaita, denunciaron que las explosiones —atribuidas a trabajos realizados por una empresa vinculada a un proyecto inmobiliario en el área— se han mantenido de forma recurrente durante dos años y tres meses, pese a las múltiples denuncias presentadas ante distintas instancias.

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“Lo primero que estamos pidiendo es que paren las voladuras. Nosotros no tenemos tiempo para esperar procesos largos; somos los que estamos sufriendo las consecuencias”, expresó uno de los vecinos afectados, quien participó en una reciente visita de las autoridades al sector.

Los residentes aseguran que las detonaciones se realizan en horarios que afectan gravemente la vida diaria de la comunidad, incluyendo a niños, adultos mayores, personas enfermas y trabajadores nocturnos. Además, afirman que cada vez las explosiones son más fuertes y cercanas, incrementando el riesgo.

Uno de los principales temores de los vecinos es que los edificios del PH Vistas del Rocío cuentan con sistemas de gas, lo que, sumado a las vibraciones constantes, podría derivar en una tragedia. Señalan que ya existen grietas y fisuras dentro de los apartamentos y exigen inspecciones urgentes por parte del Cuerpo de Bomberos, así como pruebas de hermeticidad para descartar fugas.

“Esto puede costar vidas. No estamos hablando solo de daños materiales, estamos hablando de seguridad humana. Por eso insistimos en que las explosiones deben detenerse”, manifestó otro residente.

Los afectados también cuestionan la falta de información sobre los permisos ambientales, estudios de impacto ambiental y la póliza de responsabilidad civil del proyecto, documentos que aseguran haber solicitado formalmente sin obtener respuesta hasta la fecha. Muchos vecinos indican que han tenido que asumir de su propio bolsillo los gastos de reparación en sus viviendas, sin recibir compensación alguna.

En este contexto, la Procuraduría General de la Nación informó el lunes 19 de enero que inició una investigación de oficio a través de la Fiscalía Superior de Ambiente, tras una denuncia presentada por residentes de estas comunidades y difundida por un medio de comunicación social. Según el comunicado oficial, la denuncia está relacionada con presuntas explosiones realizadas por una empresa que opera en el área.

Aunque los vecinos reconocen la apertura de la investigación como un primer paso, insisten en que no es suficiente si las detonaciones continúan mientras se desarrollan los procesos legales.

“El llamado es claro: que no se quede solo en investigación y que se ordene de inmediato un alto a las explosiones”, reiteraron los residentes, quienes esperan una respuesta concreta y urgente de las autoridades competentes.

La empresa vinculada al proyecto señalado por residentes de varias comunidades del norte de la capital por detonaciones reiteradas respondió a los reclamos y aseguró que existe un procedimiento formal establecido para atender cualquier afectación, además de afirmar que cuentan con todos los permisos requeridos para la ejecución del proyecto.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Juan Carlos Benítez, gerente de proyectos Milla 9, quien explicó que se habilitó un mecanismo a través del Juzgado de Paz de Ernesto Córdoba Campos para que los residentes que consideren haber sufrido daños en sus propiedades puedan presentar sus denuncias de manera formal.

“Se estableció un procedimiento a través del Juzgado de Paz de Ernesto Córdoba Campos, donde todos los que tengan sospecha de verse afectados con distintos daños en su propiedad asistan, establezcan el procedimiento, lo firmamos y queda como una prueba evidente de que hay una queja”, indicó Benítez.

Al ser consultado sobre la cantidad de denuncias recibidas hasta el momento, el gerente de proyectos aseguró que solo un residente ha acudido al Juzgado de Paz, y que ese caso se registró en el mes de agosto.

“Desde que se estableció el procedimiento, solamente un residente se ha acercado al Juzgado de Paz. Hemos sido insistentes en que lo cumplan a través de la profesional que está a cargo de asuntos comunitarios, que está con ellos diariamente y que asiste a las distintas comunidades en las fechas de voladura", acotó.

Benítez agregó que el proyecto opera con todos los permisos correspondientes, incluidos los requeridos por las autoridades competentes, y que la empresa ha seguido los procedimientos establecidos para este tipo de trabajos.

Con información de Heady Leane Morán