Cedeño sobre transferencias millonarias a gobiernos locales: 'La discrecionalidad es prima hermana del clientelismo'

Ciudad de Panamá, Panamá/Las transferencias superiores a los 4 millones de dólares aprobadas para distintos municipios del país mediante créditos extraordinarios han generado una ola de cuestionamientos y críticas en diversos sectores.

Para el diputado del circuito 8-4, Ernesto Cedeño, no se debió “haber impreso a la velocidad” este tipo de programa, si es “un sistema adecuado de procedimiento”. A su juicio, la Contraloría General de la República debió establecer un mecanismo claro para regular estas transferencias, tomando como base la Ley Orgánica de la Contraloría (Ley 32 de 1984, modificada por la Ley 351), que en su artículo 11 establece la obligación de definir los métodos y sistemas de contabilidad de todas las dependencias públicas, nacionales, municipales, autónomas o semiautónomas de las empresas estatales y juntas comunales.

“Se debió haber precisado un sistema, como la Contraloría suele hacer para varios programas, en donde se hayan establecido las reglas claras de asignación, para que no campe la discrecionalidad. La discrecionalidad es la prima hermana de la discrecionalidad y corrupción”, expresó.

Según el también miembro de la bancada "Seguimos", a pesar de que las asignaciones extraordinarias son legales, dado que la Constitución y la Ley Orgánica de la Contraloría permiten las dispensas siempre que exista partida presupuestaria, señaló que la falta de un procedimiento previo abrió la puerta a la discrecionalidad.

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"La constitución lo permite. Le da la facultad al Ministerio de Economía y Finanzas de hacer los traslados. Pero ante la falta de estructura jurídica, claro, y es lo que posiblemente la Contraloría vio, aplicó el artículo 77, la ley orgánica de la Contraloría, que dice que la Contraloría debe objetar o debe refrendar si se adecua a la ley y si hay partida presupuestaria. La ley permite a la Constitución, al Ministerio de Economía y Finanzas hacer la dispensa correspondiente. Hay fondos, dale", dijo.

El también abogado manifestó que "puede haber un tipo de padrino o persona que influye para que le diga, sabes, yo necesito este proyecto en mi comunidad y, no te objeto, que de repente se haya ejecutado por encima de otros proyectos. Ese grado de asignación no está en la norma. La norma permite al Ministerio de Economía y Finanzas hacer la dispensa si hay dinero. Pero la utilización es la Contraloría", aclaró.

El diputado también recordó denuncias presentadas en 2023 por supuestas irregularidades en el uso de fondos estatales, entre ellos los manejados mediante la descentralización. Aseguró que la ausencia de procedimientos claros permitió en el pasado prácticas cuestionables como donativos directos a personas. Concluyó que no se debería desembolsar “ni un centavo más” bajo este renglón hasta que la Contraloría establezca normas claras de asignación que eviten la discrecionalidad.

"Pasan por fuera de las normas de descentralización, a pedido del municipio o de la Junta, y eso para mí no se debiera haber dado. No se debe dar ya ni un centavo en ese rubro hasta que salga, no una modificación a mi gusto; no se tiene que modificar, es el método de sistema que pudiera ser, y es facultad de la Contraloría precisar las normas claras para la dispensa, para evitar la discrecionalidad", puntualizó.

Denuncias de Vásquez y respuesta de Chapman

La controversia estalló tras la denuncia del exdiputado Juan Diego Vásquez, quien alertó sobre transferencias extraordinarias a municipios sin información previa a la ciudadanía ni a los entes fiscalizadores.

El también líder de Vamos advirtió que podría estarse replicando una nueva “descentralización paralela”, al señalar que en diciembre de 2024 el MEF, con aval de la Contraloría, aprobó cerca de $5 millones en fondos adicionales sin explicar los criterios de asignación.

Frente a estos señalamientos, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, manifestó desconocer los criterios aplicados e indicó que también se pregunta por qué solo algunas alcaldías y juntas comunales fueron beneficiadas. Aseguró que se evalúa establecer reglas claras para evitar decisiones discrecionales.