Expertos señalan que la Contraloría realiza un papel 'subordinado' ante Ejecutivo

Ciudad de Panamá, Panamá/Este lunes 17 de abril, las organizaciones que forman parte de la Coalición Anticorrupción, entre ellas, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022 que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 32 de 1984) y la Ley 67 de 2008 sobre Jurisdicción de Cuentas.

Por medio de un comunicado, la coalición señaló que esta demanda se centra en los artículos 1, 2, 9, 14, 22, 31, 32, y 46, los cuales consideran contrarias a la Constitución Política, debido a que otorgan facultades arbitrarias sobre el mecanismo de rendición de cuentas, permitiendo que estas puedan ser usadas para la impunidad de funcionarios, debilitando gravemente el Estado de Derecho.

La ley fue sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el 22 de diciembre pese a que la sociedad civil se manifestaba en contra de la misma.

Esta ley crea una carrera para los funcionarios de la entidad, el cierre de informes de auditorías e investigaciones a discreción del contralor y, además, se exonera a todos los funcionarios de una investigación penal de un acto que se originó, independientemente si la institución lo refrendó o no.

Para la abogada y miembro de la Coalición Anticorrupción, Olga de Obaldía, existe tres grupos de normas de esta Ley en vez de fortalecer el trabajo de la Contraloría General de la República, por el contrario, “crea mayor discrecionalidad” generando la posibilidad de que esta entidad sea un cuarto o quinto poder de la República que bajo la constitución no se le brinda a ninguna persona.

“Con esta ley, ahora el sub contralor tiene prácticamente una identidad en funciones, situación que la constitución tampoco contempla. Este puede cerrar una investigación a su mero criterio sin la necesidad de tener que justificarlo”, indicó Obaldía.

De acuerdo con Obaldía, existen normas dentro de esta ley que crean fueros y privilegios a funcionarios de esta institución que al momento de realizar su labor de control previo o post quedan totalmente inmunes ante la jurisdicción de cuenta, la ley penal y civil.

“La ley los coloca por encima de la ley y no tendrán que rendir cuentas por sus actuaciones. Es realmente una situación donde en el caso de que tengamos a un contralor que decida actuar robustamente a ley, podrá hacerlo. Sin embargo, si tenemos uno que decide ser, por así decirlo, un cómplice ante actuaciones que requieren una vigorosa actuación de fiscalización, podrá hacerlo porque la Ley se lo va a permitir”, manifestó la abogada. 

Desde su punto de vista, se está debilitando la institucionalidad de este ente de control, mismo que es el único en el país que controla los fondos públicos.

“Si la Contraloría funcionara de acuerdo al diseño constitucional, serpia un ente que puede ejercer un control importante. Sin embargo, lastimosamente, hemos visto que en los últimos 15 años se visto un contralor tras otro. Esta entidad en vez de hacer un papel robusto, realiza un papel subordinado al ejecutivo”, expresó.

La abogada puntualizó que nos corresponde a todos realizar una lucha ante esta Ley, pero, sobre todo, le corresponde a la CSJ actuar y realizar su papel ante las demandas presentadas.

Esta sería la segunda demanda de inconstitucionalidad que presentan contra esta ley, donde el abogado Ernesto Cedeño presentó la primera ante la CSJ el 23 de diciembre de 2022.