Fiscalía investiga irregularidades en proyecto de sanidad básica en El Valle de Antón
Algunas diligencias realizadas por la entidad en cuatro comunidades revelaron que algunos proyectos del Conades no se ejecutaron pese a estar contemplados en el programa.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de Sanidad Básica del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) en El Valle de Antón, provincia de Coclé, tras constatar que algunos de los trabajos programados no fueron realizados.
Las diligencias investigativas incluyeron visitas a cuatro comunidades de la zona: La Reforma, La Compañía, El Valle de Antón Centro y El Hato, donde los fiscales entrevistaron a personas que figuraban como beneficiarias del proyecto de infraestructura sanitaria. Durante las entrevistas realizadas en el terreno, los investigadores pudieron constatar que varios de los proyectos contemplados en el programa no se llevaron a cabo, pese a estar incluidos en la planificación oficial del Conades.
"Dentro de las entrevistas que se realizaron a las personas, se pudo constatar que algunos de los proyectos no se realizaron, por lo que se continúan las investigaciones por el delito contra la administración pública", informó la Fiscalía en un comunicado.
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Las autoridades de la institución reiteraron su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, según establece la Constitución y la ley.
De forma paralela a las diligencias en El Valle de Antón, la Fiscalía Anticorrupción realizó este lunes 23 de junio una jornada de entrega de oficios a diversas instituciones públicas para solicitar documentación que respalde las investigaciones en curso por delitos contra la administración pública.
Durante la mañana, los fiscales acudieron al Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Tribunal Electoral (TE), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la Dirección Institucional de Seguridad Pública.
El objetivo de estas gestiones es incorporar todos los elementos de convicción necesarios que permitan comprobar o esclarecer la posible comisión de delitos en el manejo de recursos públicos.