Fundación Libertad Ciudadana advierte riesgo institucional tras irrupción en diligencia judicial por parte de la Contraloría

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana advirtió sobre la gravedad de los hechos y sus implicaciones para la institucionalidad democrática.

Anel Flores, contralor de la República fue visto en la tarde del jueves 9 de abril en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción / TVN

Panamá/La intervención de funcionarios de la Contraloría en una diligencia del Ministerio Público encendió las alertas sobre posibles obstáculos a investigaciones por corrupción de alto perfil en el país.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana advirtió sobre la gravedad de los hechos y sus implicaciones para la institucionalidad democrática.

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De acuerdo con la organización, “funcionarios de la Contraloría irrumpieron en un acto de investigación del Ministerio Público e impidieron que se completara la entrevista a peritos de la propia Contraloría, lo que motivó la apertura de una investigación penal”. El incidente ocurrió en el contexto de una diligencia relacionada con el caso de presunto enriquecimiento injustificado del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.

La fundación alertó que este tipo de acciones tienen consecuencias directas sobre el sistema de justicia.

Interferir en diligencias judiciales socava la institucionalidad democrática, debilita la lucha contra la corrupción y constituye obstrucción a la justicia o incumplimiento de deberes”, indicó el pronunciamiento.

El comunicado también enfatiza el rol clave de los peritos dentro del proceso judicial. “Los peritos de la Contraloría son auxiliares de la justicia, deben colaborar con la verdad, responder a los fiscales y someter sus informes al contradictorio”, se detalla, advirtiendo que bloquear sus declaraciones afecta la capacidad de esclarecer los hechos.

Ante lo ocurrido, la organización expresó respaldo a las acciones del procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, para garantizar el curso de la investigación y dar seguimiento a la denuncia penal surgida tras la intromisión. Además, hizo un llamado a que la Corte Suprema ejerza su rol constitucional frente a los hechos.

La fundación reiteró la necesidad de fortalecer el marco legal del Ministerio Público para asegurar que cuente con las herramientas necesarias en la lucha contra la corrupción de alto nivel.

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