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Abogado del exvicepresidente Carrizo advierte de 'injerencia' del contralor en investigaciones
De acuerdo con Meilán, desconocen cuántos auditores están siendo indagados porque la Fiscalía mantiene algún tipo de reserva hasta después que se desarrollan las diligencias y tras esta situación solicitarán explicaciones al Ministerio Público.
Abogado de Carrizo reacciona a supuesta interrupción en investigación contra su representado
El abogado Pedro Meilán, miembro del equipo legal del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, reaccionó al evento que se registró en la tarde del jueves 9 de abril tras la presunta irrupción de funcionarios de la Contraloría General de la República en la Fiscalía Superior Anticorrupción mientras fiscales realizaban una entrevista a auditores de la Contraloría en la carpeta por el delito de enriquecimiento injustificado de su representado.
Debido a estos hechos, la Procuraduría General de la Nación informó sobre el inicio de una investigación penal luego que “funcionarios de la Contraloría General de la República irrumpen en medio de un acto de investigación que involucraba auditores de dicha institución, impidiendo con ello la culminación del mismo".
Meilán dijo que la situación los ha dejado “sorprendidos” con una extrema preocupación de cómo se está desarrollando la investigación y de la injerencia que puede tener un funcionario de alta jerarquía.
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“No tiene lógica que un funcionario público de alta jerarquía pueda ir al Ministerio Público a retirar a las personas que tienen que ratificarse, lo más probable es que los estaban cuestionando por las auditorías que nosotros desde un inicio, desde que fuimos a la audiencia, estuvimos diciendo que las auditorías no eran correctas, inconsistentes e incongruentes”, advirtió Meilán.
Para conocer lo que realmente ocurrió en la tarde del jueves cuando se vio al contralor Anel Flores Flores llegar a la Fiscalía, el equipo legal del exvicepresidente se presentará a las instancias para conocer los últimos detalles de la carpeta, que incluye las declaraciones de los auditores de la Contraloría.
“Nosotros no sabíamos, nos hubiéramos dado cuenta si hubiéramos estado en ese momento en la Fiscalía pero no había nadie del equipo”, detalló.
A juicio de Meilán, las actuaciones de Flores “demuestran claramente que tiene injerencia” en el desarrollo de las investigaciones y el debido proceso.
“No quiero pensar que este tipo de situaciones se está dando, donde están yendo a funcionarios para hablarles bajo cuerda y está habiendo algún tipo de presión sobre los mismos (…) Nunca he visto una cosa como esas”, expresó Meilán al referirse al supuesto retiro de auditores de las instalaciones de la Fiscalía Superior Anticorrupción por parte de Flores.
De acuerdo con Meilán, desconocen cuántos auditores están siendo indagados porque la Fiscalía mantiene algún tipo de reserva hasta después que se desarrollan las diligencias y tras esta situación solicitarán explicaciones al Ministerio Público.
El proceso penal al exvicepresidente tiene su origen en un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias por hasta 1.3 millones de dólares, en el marco de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado.
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Reacciones
El Colegio Nacional de Abogados se pronunció en Noticias AM para rechazar de manera categórica los eventos registrados y difundidos a través de las redes sociales y medios de comunicación.
Maritza Cedeño Vásquez, presidenta de la organización, explicó que todo proceso contra la administración pública, requiere de un audito de la Contraloría, en el que se deben ratificar y sustentar pruebas.
“Irrumpir en una diligencia de este tipo, erosiona totalmente la separación de poderes que debe existir en nuestro país. Genera un precedente muy peligroso de interferencia indebida en la administración de justicia”, advirtió Cedeño Vásquez.
Aunque en el comunicado la Procuraduría no especificó que la irrupción se dio por parte del contralor, la abogada señaló que “no existe razón alguna” para que Flores se presentara a estas instancias mientras se desarrollaba una “práctica de prueba”.
“No vemos cuál ha sido la razón para que ningún funcionario pueda irrumpir la prueba que está practicando el Ministerio Público”, expresó.
Cedeño Vásquez indicó que ya se solicitó una explicación al Ministerio Público a través del Concejo Judicial, porque solo se ha conocido una parte de la versión de los hechos.
Por su parte, la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, explicó que se trata de un proceso usual denominado ratificación para los efectos del delito que se investiga fundamentado en el Código Judicial.
Para Gómez, se trata de una situación “preocupante” y es algo que nunca antes se había visto.
“Es lo natural, siempre se ha hecho, los auditores de la Contraloría históricamente, han tenido que acudir y es así porque ellos van a actuar como peritos en ese proceso. Tiene el fiscal todo el derecho de explorar toda la investigación de auditoría que se hizo, y conocer los detalles y entender ese informe, porque es el documento que es el fundamento de la investigación del Ministerio Público”, detalló.
Gómez dejó claro que la situación registrada “no es poca cosa” y tiene visos de una “profunda ilegalidad”.
“Esto no empezó ayer, esta diligencia la están remitiendo, ya se había iniciado y el contralor había llamado aquella vez para que los funcionarios se retiraran. Esta historia no es nueva, sino que está como incrementando las acciones de entorpecimiento de la investigación”, señaló.
Al ser consultada sobre si los hechos que ahora serán investigados por el Ministerio Público dañan la investigación contra el exvicepresidente, Gómez aclaró que la Fiscalía deberá citar nuevamente a esas funcionarias y si ellas no comparecen, “deben ser conducidas”.
“La auditoría se hizo, el resultado estuvo, ahora por qué no se deja actuar al Ministerio Público”, cuestionó.
La abogada y exdiputada reiteró que este tipo de situaciones demuestran una vez más la necesidad de restructurar el sistema judicial.
Recordó que incluso la ley anticorrupción impulsada por el procurador Luis Gómez, que buscaba evitar dependencias de la Contraloría en procesos contra la administración pública, fue rechazada en la Asamblea Nacional.
A su juicio, el evento que involucra la presencia del contralor, y del cual se desconocen los detalles, confirma la necesidad del Ministerio Público de tener otros brazos auxiliares para el desarrollo de investigaciones de alto perfil.
“Este hecho confirma esa necesidad, esto queda más que evidente, porque entonces el Ministerio Público quedará sujeto a la voluntad de un contralor que evidentemente no es funcionario judicial”, subrayó.
Reiteró que la diligencia de ratificación forma parte del proceso del Sistema Penal Acusatoria, los peritos son fundamentales.
“No hubo ningún respeto por la autonomía del Ministerio Público”, remarcó Gómez al indicar que el procurador de la República podrá, luego de recabar todas las pruebas e incidencias, presentar el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) emitió este 10 de abril de 2026 un comunicado en el que condena enérgicamente la intervención de funcionarios de la Contraloría General de la República dentro de las instalaciones del Ministerio Público.
La organización gremial se pronunció tras los hechos ocurridos el día anterior, donde personal de la Contraloría intervino en diligencias de práctica de pruebas en las Fiscalías Anticorrupción, acciones que el MAG considera una vulneración directa a la separación de poderes y a la institucionalidad judicial de Panamá.
En su pronunciamiento, el MAG advierte que dichas actuaciones constituyen una grave "extralimitación de funciones", enfatizando que la labor de la Contraloría debe limitarse estrictamente a su ámbito de fiscalización administrativa y no pretender usurpar la dirección técnica de las investigaciones judiciales.
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