Gabinete aprueba reforma al marco regulatorio del servicio eléctrico

Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que buscaría fortalecer los derechos de los consumidores y exigir mayores responsabilidades a las empresas distribuidoras de electricidad.

La propuesta, identificada como Proyecto de Ley 10-26, según lo explicado, introduce modificaciones al Texto Único de la Ley 6 de 1997 con el objetivo de revertir el deterioro en la calidad del suministro eléctrico y equilibrar la relación entre las compañías prestadoras del servicio y los usuarios.

Entre los cambios planteados por las autoridades se encuentran plazos específicos para la atención de reclamos, el reconocimiento de créditos a favor de los clientes cuando las distribuidoras incumplan las normas de calidad y nuevas herramientas regulatorias para fortalecer la supervisión por parte de la autoridad competente.

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La iniciativa también establece que las multas impuestas a las empresas eléctricas se hagan efectivas y que esos recursos lleguen a los clientes afectados.

De acuerdo con el proyecto, durante las últimas décadas los usuarios han enfrentado interrupciones frecuentes y fluctuaciones de voltaje que, en muchos casos, han provocado daños en artefactos y equipos eléctricos.

La propuesta contempla además medidas para reforzar la transparencia en la información que reciben los consumidores y fortalecer las reglas relacionadas con la calidad y continuidad del servicio, con el propósito de prevenir y responder de forma más efectiva ante las interrupciones.

La iniciativa también prepara las condiciones para una mayor competencia de cara a la renovación de las concesiones de distribución en 2028, y refuerza las reglas de calidad y continuidad del servicio, de manera que el sistema pueda prevenir, fiscalizar y responder ante interrupciones", detalla un comunicado de la Presidencia de la República.

En materia de acceso, el proyecto incorpora a las distribuidoras en los esfuerzos de la Oficina de Electrificación Rural para llevar el servicio a comunidades de difícil acceso.

La propuesta aprobada será remitida a la Asamblea Nacional, donde deberá ser discutida y aprobada.