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Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de ley 1-26, que propone el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN) como parte de una transformación del modelo estatal de vivienda y financiamiento habitacional en Panamá.
Según un comunicado de la Presidencia de la República, la iniciativa busca modernizar la política nacional de vivienda mediante un sistema más eficiente, sostenible y con enfoque social, redefiniendo las funciones que actualmente ejerce el BHN.
De acuerdo con la propuesta, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) asumirá la rectoría de la Política Nacional de Vivienda, mientras que la Caja de Ahorros pasará a desempeñar el rol de banca social hipotecaria.
El Ejecutivo sostiene que este nuevo esquema permitirá evitar duplicidades institucionales, reducir costos operativos, fortalecer el crédito social y facilitar mecanismos modernos de colaboración público-privada para impulsar proyectos de vivienda social.
El proyecto establece que el cierre del BHN será progresivo y deberá completarse a más tardar el 31 de diciembre de 2027. Para ello, se creará un Comité de Transición Institucional conformado por el Miviot, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República.
Entre las funciones que pasarán al Miviot destacan las relacionadas con diseño de políticas, subsidios, programas de interés social, planificación territorial y desarrollo de proyectos público-privados de vivienda.
Por su parte, la Caja de Ahorros asumirá las competencias vinculadas al financiamiento hipotecario, administración de créditos y estructuración de productos financieros para vivienda.
La propuesta aclara que esta medida no representa una fusión bancaria. La Caja de Ahorros administrará las carteras transferidas del BHN bajo un régimen especial y separado de sus operaciones regulares, garantizando la continuidad en la atención de los usuarios y beneficiarios actuales.
El proyecto también contempla la creación de la Dirección del Fondo de Vivienda Social, adscrita al Miviot, la cual tendrá la responsabilidad de coordinar proyectos de interés social con participación del sector privado.
A través de este mecanismo, empresas privadas podrán asociarse con el Estado para promover la construcción de viviendas de interés social destinadas tanto a la venta como al alquiler social.
La propuesta deberá ahora ser discutida en la Asamblea Nacional, donde se evaluará el alcance de la reforma y su impacto sobre la política habitacional del país.
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