Gobernación de Bocas del Toro y Veraguas imponen toque de queda y prohíben venta de licor por disturbios sociales
De acuerdo con las gobernaciones, esto es para garantizar la seguridad pública en medio de las manifestaciones que han generado disturbios en la región.
La Gobernación de las provincias de Bocas del Toro y Veraguas decidieron decretar medidas excepcionales de seguridad ante la creciente tensión social que atraviesa el país, norma que ya implementó Chiriquí en los distritos de Tolé, Remedios, San Lorenzo y San Félix.
En ese sentido, mediante la Resolución No. 02-2025, firmada por el gobernador de Bocas del Toro, Edgardo Ramón Ibarra Brown y publicada en Gaceta Oficial el domingo 18 de mayo, se establece un toque de queda para menores de edad desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., en los distritos de Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande.
La misma regla se aplicará en los distritos de Santiago, Soná, Atalaya, Montijo, Calobre, La Mesa, Cañazas y San Francisco, en la provincia de Veraguas.
De acuerdo con las gobernaciones, esto es para garantizar la seguridad pública en medio de las manifestaciones que han generado disturbios en la región.
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Además, se dispone la prohibición temporal de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en bares, cantinas, minisúper, tiendas, supermercados y espacios públicos, como medida preventiva para evitar situaciones que deriven en alteraciones del orden.
La resolución justifica estas decisiones en el contexto de una “crisis nacional” que ha provocado actos violentos, agravados por el consumo de alcohol entre algunos manifestantes. “Estas medidas han sido implementadas a petición del Ministerio de Seguridad Pública”, señala el documento, destacando el compromiso de las autoridades con una salida pacífica al conflicto.
También se advierte que el incumplimiento de estas disposiciones conllevará sanciones administrativas, como la suspensión o revocación de permisos y el cierre temporal o definitivo de establecimientos.
La Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), jueces de paz e inspectores municipales serán responsables de vigilar el cumplimiento de esta resolución, que entra en vigor desde el 17 de mayo de 2025 y se mantendrá hasta nueva orden.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar, mantenerse informados por canales oficiales y contribuir a restaurar el orden y la convivencia pacífica en la provincia.