Gobierno y Canatra respaldan nuevo decreto que regula a los 'taxis de lujo'

Panamá/Con un llamado directo a la ciudadanía, el sector transporte organizado respaldó el nuevo decreto que regula las plataformas digitales y pidió un voto de confianza para demostrar que el servicio puede mejorar bajo las nuevas reglas.

La Cámara Nacional de Transporte (Canatra) avaló la promulgación del Decreto No. 10 del 16 de abril de 2026, una medida impulsada por el Gobierno que también deja sin efecto el Decreto 331 de 2017, marcando un cambio en la forma en que se organiza el transporte en el país.

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Desde el sector, se reconoce que la decisión pone fin a años de incertidumbre y abre una etapa enfocada en la legalidad, la modernización y la integración de la tecnología en beneficio del usuario. Aseguran que este paso fue posible tras meses de trabajo, discusiones técnicas y un proceso en el que, por primera vez, se sintieron escuchados.

En medio de este respaldo, el mensaje hacia la ciudadanía fue claro. Los transportistas solicitaron una oportunidad para recuperar la confianza, comprometiéndose a ofrecer un servicio con mayor calidad, trato humano y mejores condiciones de seguridad. El usuario, indicaron, pasa a ser el eje principal del sistema.

El decreto establece nuevas condiciones tanto para conductores como para vehículos, incluyendo certificación obligatoria, identificación visible y requisitos técnicos que buscan garantizar que el servicio se preste dentro de la legalidad. Además, incorpora herramientas tecnológicas que permitirán una fiscalización más efectiva y mayor control sobre quién presta el servicio.

Sin embargo, conductores de estas plataformas, que forman parte de Uber y con los que ha conversado este medio, aseguran que ya ellos cumplen con la mayoría de lo establecido en el Decreto 10. No obstante, cuestionan que se les obligue a sumarse a una prestataria para obtener la certificación, ya que, según algunos, esto podría dar lugar a negociados.

En tanto, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi indicó que "este decreto no regula… castiga la innovación".

Desde la Autoridad del Tránsito, el director Nicolás Brea explicó que la medida integra formalmente a las plataformas digitales dentro del marco regulatorio, permitiendo que operen como intermediarias mientras el Estado mantiene la supervisión del servicio. Advirtió que “si el transporte selectivo no se moderniza, va a desaparecer”, dejando claro que el decreto marca un punto de inflexión en la actividad. Aseguró que “es el primer paso hacia la modernización”, en un proceso que también introduce cambios estructurales, como la entrega de certificados de operación a conductores de plataformas con valor legal e incluso heredable.

En paralelo, destacó que el nuevo sistema permitirá un mayor control por parte del Estado, ya que “vamos a saber quién es el conductor, hacia dónde va y quién es el usuario”, en un modelo donde “la competencia ahora será en iguales condiciones y la calidad definirá al usuario”. Según indicó, la implementación de estas medidas no será a largo plazo, ya que el objetivo es que el sistema esté en funcionamiento en menos de tres meses.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, defendió el nuevo decreto al cuestionar el marco anterior y señalar que “el decreto 331 era prácticamente inconstitucional”, lo que, según explicó, provocó que durante años el transporte tradicional y las plataformas digitales convivieran en un ambiente de “hostilidad” por la falta de una regulación efectiva. Frente a ese escenario, lanzó uno de los mensajes más contundentes al afirmar que “esa historia ya termina”, en alusión a quienes operaban sin control, y advirtió que “no podemos permitir que alguien transporte usuarios sin saber quién es”. En esa línea, sostuvo que la nueva normativa busca “dar orden, dar disciplina y regular lo que estaba en lo ilegal”, dejando claro que, aunque Panamá mantiene su apertura al mercado, ningún actor podrá operar al margen de la ley.

Con este nuevo escenario, transportistas y plataformas quedan ahora bajo un mismo esquema, en el que la competencia se centrará en la calidad del servicio. El reto, según lo expresado por el propio sector, será demostrar en la práctica que este cambio se traduce en beneficios reales para los usuarios.

En Panamá, servicios como Uber, DiDi e InDrive han operado sin una regulación clara ni tarifas avaladas por la autoridad, pese a intentos previos como el decreto 331 de 2017, lo que ha generado tensiones con el sector transporte y cuestionamientos sobre la falta de control estatal. Cabe señalar, que con este nuevo Decreto Ejecutivo de 16 de abril se deroga el Decreto 331.

Lea aquí el Decreto No. 10: