Gremios se pronuncian contra medida judicial que 'amenaza la libertad de prensa'

Ciudad de Panamá/El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo advierten que la “libertad de prensa en Panamá enfrenta hoy una amenaza inédita bajo el disfraz de una medida de protección”.

Los gremios consideran que no solo desvirtúa el espíritu de las leyes de protección, sino que pretende establecer un mecanismo de censura previa que nuestra Constitución prohíbe de forma absoluta.

La reacción se da luego de la aplicación de una medida de protección contra la periodista Sabrina Bacal emitida por el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Metropolitana. "Resulta alarmante que se utilicen recursos legales diseñados para proteger a víctimas vulnerables de violencia física como una herramienta de silenciamiento en conflictos derivados de publicaciones periodísticas. Al prohibir la difusión de contenidos en medios tecnológicos y electrónicos, el sistema de justicia ignora que el rigor no reside en el soporte, sino en el compromiso ético de quien firma la nota y da la cara. La importancia del mensajero es, en democracia, la garantía de la noticia; por ello, el ejercicio de la fiscalización ciudadana en redes sociales, respaldado por periodistas y medios de comprobada trayectoria, es un baluarte de transparencia", se lee en el comunicado.

Añade que “esta decisión intenta trazar una frontera peligrosa: la de una justicia que se convierte en árbitro de lo que puede o no publicarse en el ecosistema digital, intentando anular la credibilidad de voces críticas. Al perseguir el mensaje se configura un hostigamiento judicial que busca blindar a figuras de poder frente al escrutinio. La justicia no puede ser el refugio de quienes temen a la luz pública; su deber es garantizar que el flujo de información no se detenga por el amedrentamiento. Como gremios defensores del periodismo, reafirmamos que informar con rigor y bajo una firma responsable constituye un derecho innegociable”.

En ese sentido, recuerdan que el 31 de enero de 2025, la Corte Suprema de Justicia suscribió las Declaraciones de Chapultepec y Salta II, comprometiéndose formalmente con la protección de la libertad de expresión y de prensa. Actuar en sentido contrario no solo es una contradicción institucional, sino una regresión en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado.

El Fórum de Periodistas y el Consejo Nacional de Periodismo rechazan este uso desviado de la ley. “Advertimos que una prensa silenciada por medidas judiciales es el primer paso hacia una sociedad sin libertades. En democracia, el derecho a informar y el derecho de la sociedad a estar informada son pilares inquebrantables”.