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Detención provisional para un hombre en San Miguelito que amenazó a adulta mayor con matarle a sus hijos
Las autoridades consideraron la gravedad del delito, el riesgo para la víctima y la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso penal.
Un ciudadano de 52 años de edad fue enviado a detención provisional por el delito de violencia de género, luego de que la Fiscalía Regional de San Miguelito acreditara su presunta vinculación en un hecho ocurrido el 10 de junio de 2025, en el sector 5 de Samaria, distrito de San Miguelito.
La medida cautelar fue decretada durante una audiencia celebrada este viernes 6 de febrero de 2026, en la que la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y contra la Libertad solicitó ante el Juzgado de Garantías la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y la aplicación de la detención provisional, solicitudes que fueron admitidas en su totalidad.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el imputado está vinculado a un hecho de violencia psicológica, en el que amenazó de muerte a una mujer de 68 años de edad, quien es su vecina. Según la Fiscalía, el hombre también habría manifestado amenazas contra los hijos de la víctima y le gritó frases humillantes, conductas que encuadran dentro del delito de violencia de género.
Las autoridades consideraron la gravedad del delito, el riesgo para la víctima y la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso penal, como elementos determinantes para ordenar la detención provisional.
En Panamá, la violencia de género es un delito tipificado en el Código Penal y puede conllevar penas de prisión, especialmente cuando se comprueba violencia psicológica, amenazas, reincidencia o riesgo para la vida de la víctima. En los últimos años, el Ministerio Público ha reforzado las acciones para judicializar estos casos, logrando condenas y medidas cautelares más severas.
Las autoridades reiteran el llamado a las víctimas y a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia, recordando que existen instancias legales y de protección para atender estos casos y evitar que escalen a consecuencias fatales.
El proceso penal contra el imputado continuará bajo la supervisión del sistema judicial, mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones correspondientes.
