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Informe de derechos humanos sobre Panamá: Obstaculización de la labor periodística y falta de transparencia durante la pandemia

Derechos humanos

Organización de Estados Americanos (OEA).
Reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA). / AFP

Este jueves se conoció el Informe “Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2021” que fue preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y divulgado el 26 de mayo del año en curso.

Dicho informe relata la situación de derechos humanos en todos los países de la región. En el caso de Panamá temas como: obstaculización de la labor periodística, falta de transparencia en la información relacionada con la pandemia por el COVID-19, acciones judiciales contra periodistas y algunas irregularidades durante protestas fueron parte de los puntos cuestionados.

La Oficina recibió reportes sobre amenazas, obstaculización de la labor periodística y activación de mecanismos judiciales contra periodistas. Asimismo, registró distintos señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de líderes públicos (…) La Relatoría considera importante que el Estado continúe observando con atención su aplicación a fin de que no se convierta en un instrumento restrictivo del acceso a la información de interés público, especialmente al considerar las denuncias de organizaciones de la sociedad civil acerca de la presunta falta de transparencia durante la pandemia de COVID-19”, destaca el informe.

Dentro de los reportes de irregularidades que fueron descritos por el informe se encontró la preocupación por los “ataques e intimidaciones” contra periodistas que investigaban temas relacionados con la corrupción.

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La Relatoría Especial recibió información sobre alegadas amenazas anónimas contra la periodista Flor Mizrachi Ángel, tras dar a conocer la existencia de vacunas presuntamente clandestinas al interior del país, en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19. El Consejo Nacional de Periodismo condenó esta clase de ataques y señaló que buscan la autocensura de medios y periodistas frente a una escalada de hechos irregulares que han sido objeto de reportes noticiosos por parte de la periodista. La Federación Internacional de Periodistas también condenó los hechos intimidatorios”, se lee en documento de más de 400 páginas.

Durante los momentos más duros de la pandemia por COVID-19 en Panamá, para los comunicadores sociales fue bastante difícil obtener información relacionada con el uso de los fondos públicos.

La Relatoría Especial también observó de manera reiterada reportes sobre la dilación y/o falta de respuesta frente a las peticiones elevadas ante instituciones públicas para acceder a información sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 y otras cuestiones de interés público”, dice el informe.

El presunto sesgo en la asignación de la publicidad por parte del Gobierno fue otro de los temas abordados.

Sobre la criminalización de la protesta, el informe relata que “es deber del Estado garantizar el ejercicio de este derecho”.

Dentro de ese marco caracterizado por la excepcionalidad, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Asimismo, los Estados deben tener especialmente presente que la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente, y que deben brindar a las y los periodistas el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público”, se lee en el documento.

La falta de “transparencia, divulgación e inclusión” en el debate sobre las reformas electorales es un tema que fue mirada con preocupación por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Frente a estas modificaciones, la Relatoría observa con preocupación los comunicados de algunas organizaciones civiles y la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) en la que manifiestan que se estaría llevando a cabo un proceso de reforma sin la debida divulgación, transparencia e inclusión”.

El decreto que da secretismo a las actas, notas, archivos y registros de discusiones dentro del Consejo de Gabinete es un elemento abordado con preocupación por parte del organismo que vigila los derechos humanos en Panamá y la región latinoamericana.

El informe reconoce que desde la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) se están ejecutando acciones positivas en beneficio de que la prensa y los ciudadanos tengan acceso a información confiable. “La Relatoría saluda algunos avances reportados en Panamá en materia de transparencia y acceso a la información”.

Por último, cuestionan el acceso a la internet en algunas zonas rurales del país. Situación que se notó durante las clases a distancia que se dictaron durante la pandemia por la COVID-19.

La Relatoría Especial también ha recibido reportes de parte de organizaciones de la sociedad civil que advierten sobre la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales al interior del país, además de la calidad deficiente del internet en Panamá”, finaliza el informe.

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