Lesión por descentralización de juntas comunales en el Ministerio Público suman más de 50 millones
Entre los principales patrones detectados en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción figuran las denominadas planillas cash o cash plan donde personas presuntamente aparecían contratadas para prestar servicios profesionales que no realizaban y recibían pagos de aproximadamente $2,000 mensuales o quincenales.
Panamá/Las investigaciones por el manejo de fondos de descentralización entre 2019 y 2024 acumulan 151 personas imputadas y lesiones patrimoniales que, en conjunto, superan los $51 millones, reveló la fiscal superior anticorrupción Digna Castillo.
Las causas están relacionadas con recursos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) y del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm), administrados por la Autoridad Nacional de Descentralización, según lo explicado por la fiscal.
La mayor afectación se concentra en el PDIS, programa creado durante la pandemia y que, según señaló Castillo, no contaba con un manual para el uso de los fondos ni con los controles establecidos para el Piopsm.
PDIS acumula 335 denuncias
La Autoridad Nacional de Descentralización ha presentado 335 denuncias relacionadas con el PDIS. De estas, la Fiscalía ha recibido 80 informes de auditoría elaborados por la Contraloría General de la República:
- 48 auditorías establecen lesión patrimonial.
- 32 auditorías no determinaron lesión.
Las cuantías de las auditorías con lesión superan los $44 millones y las investigaciones mantienen a 118 personas imputadas bajo distintas medidas cautelares.
De las 48 auditorías con afectación patrimonial, 44 expedientesya fueron llevados a audiencias de imputación. Las cuatro carpetas restantes están pendientes de ampliaciones de auditoría.
La Fiscalía también ha recibido 15 ampliaciones solicitadas a la Contraloría para revisar documentos, cuentas y otros elementos que podrían aumentar, disminuir o eliminar las cuantías establecidas inicialmente.
En dos casos, las revisiones determinaron que no existía lesión patrimonial, pese a que los primeros informes señalaban lo contrario. Ambos procesos terminaron con sobreseimientos provisionales.
De las 32 auditorías recibidas sin lesión, ocho causas han sido archivadas provisionalmente después de que la Fiscalía realizó inspecciones, entrevistas y otras diligencias para corroborar la información.
Cinco juntas concentran $27 millones
Las cinco juntas comunales con las cuantías más elevadas en el PDIS suman una lesión patrimonial de $27 millones:
- Belisario Porras, San Miguelito: $8 millones.
- Barrio Norte, Colón: $6 millones.
- Amelia Denis de Icaza, San Miguelito: $5 millones.
- Salud, Colón: $4 millones.
- David Cabecera, Chiriquí: $4 millones.
Estas cifras corresponden a informes de auditoría elaborados por la Contraloría.
Piopsm registra $7 millones en lesión
Las investigaciones relacionadas con el Piopsm mantienen a 33 personas imputadas y lesiones patrimoniales que ascienden a $7 millones.
Castillo explicó que las cuantías son inferiores a las detectadas en el PDIS porque el Piopsm sí contaba con un reglamento para la entrega y utilización de los recursos destinados a las juntas comunales.
Fiscalía identifica supuestas planillas y facturas infladas
Entre los principales patrones detectados en las investigaciones figuran las denominadas planillas cash o cash plan. De acuerdo con la fiscal, algunas personas aparecían contratadas para prestar servicios profesionales que presuntamente no realizaban y recibían pagos de aproximadamente $2,000 mensuales o quincenales.
Según la línea de investigación, estas personas se presume que devolvían a la autoridad local el 80% del dinero recibido y conservaban el 20%.
La Fiscalía también investiga a empresas o comercios que supuestamente aumentaban el valor de las facturas por la venta de materiales de construcción, víveres y otros productos. Después de recibir el pago de la junta comunal, habrían entregado parte del dinero al representante de corregimiento.
Castillo indicó que estos patrones aparecen en la mayoría de las juntas comunales investigadas por cuantías millonarias, pese a que los recursos estaban destinados a asistencia y labores sociales.
Once expedientes están en fase intermedia
Hasta el momento, la Fiscalía no ha alcanzado acuerdos de pena dentro de las investigaciones del PDIS. Once carpetas se encuentran en fase intermedia, después de concluir las diligencias correspondientes.
El 80% de estos expedientes ha sido declarado causa compleja por la cantidad de personas investigadas o por la posible comisión de varios delitos. Algunas investigaciones reúnen hasta 14 imputados y contemplan presuntos delitos de peculado, sustracción de documentos y blanqueo de capitales.
Con información de Nicanor Alvarado.