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Panamá/Las fiscalías anticorrupción mantienen alrededor de 6,500 investigaciones por distintos delitos cometidos en perjuicio del Estado, reveló la fiscal superior anticorrupción, Adela Cedeño.
Entre las conductas investigadas figuran peculado, corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento injustificado, abuso de autoridad y retención indebida de cuotas de la Caja de Seguro Social. También se tramitan expedientes por delitos contra el patrimonio, hurto y daños.
Cedeño explicó que los delitos con mayor incidencia dentro de estas fiscalías son el peculado, el abuso de autoridad y, en su momento, la retención indebida de cuotas.
Durante el periodo 2025-2026, las investigaciones desarrolladas por estas fiscalías han derivado en 379 sentencias condenatorias y en la recuperación de aproximadamente $10 millones para las arcas del Estado. También se han recuperado bienes, entre ellos casas y vehículos.
Las explicaciones del Ministerio Público se dan un día después de que el contralor Anel Flores asegurara que ha entregado 400 auditorías a la entidad y cuestionara cómo el MP maneja los casos de alto perfil.
La fiscal indicó que actualmente se tramitan aproximadamente 11 investigaciones por enriquecimiento injustificado remitidas por la Contraloría General de la República.
Nueve de estos casos ya fueron llevados a imputación y los jueces de garantías impusieron medidas cautelares. En los expedientes restantes se recopilan elementos de convicción para presentarlos ante los tribunales.
Cedeño aclaró que corresponde al juez de garantías determinar las medidas cautelares, mientras que el Ministerio Público debe acreditar la posible comisión del delito y la vinculación de las personas investigadas.
Sobre la investigación seguida al exvicepresidente José Gabriel Carrizo por supuesto enriquecimiento injustificado, Cedeño confirmó que el Ministerio Público presentó un escrito de acusación.
El proceso está a la espera de que se establezca la fecha de la audiencia de fase intermedia, en la cual se revisarán y validarán las pruebas que podrían ser presentadas en un eventual juicio. Actualmente, Carrizo tiene arresto domiciliario.
La investigación relacionada con Panama Ports Company se encuentra en la Fiscalía Superior de Alta Complejidad y acumula aproximadamente 361 tomos.
Respecto a este tema, el contralor aseguró que la auditoría la envió hace un año y no ha pasado nada. Así las cosas, la fiscal Cedeño indicó que el fiscal encargado solicitó a finales de diciembre de 2025 una ampliación del informe de auditoría y aún espera la respuesta de la Contraloría General de la República.
Cedeño señaló que esa ampliación constituye un elemento importante para continuar el proceso y eventualmente llevarlo ante un juez de garantías. Mientras se recibe la documentación, los fiscales mantienen otras diligencias, entre ellas análisis financieros, evaluaciones técnicas especializadas y solicitudes de asistencia internacional.
La fiscal consideró importante que la Asamblea Nacional evalúe la legislación para que las investigaciones del Ministerio Público no dependan exclusivamente de una auditoría de la Contraloría.
“El fiscal debe ir más allá, debe recopilar elementos de convicción con análisis financieros, revisar cuentas bancarias, otras diligencias propias de estas investigaciones complejas para poder llevar estos procesos al escrutinio de un juez de garantía y que puedan sustentarse hasta en un juicio oral, que sí es posible”, expresó.