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El abogado Pedro Meilán, representante legal del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, confirmó que en la audiencia de apelación de medidas cautelares se debatirán dos recursos: uno presentado por el Ministerio Público y otro interpuesto por la defensa.
“Hay dos apelaciones, una presentada por el Ministerio Público y otra por nosotros. Me imagino que primero se votará la de ellos y posteriormente la nuestra, porque ese fue el orden en que apelamos el día de la audiencia”, explicó Meilán.
Carrizo se mantiene bajo depósito domiciliario desde el pasado 28 de enero del 2026, cuando la jueza de garantías legalizó la aprehensión y dictaminó esta medida. Sin embargo, su defensa buscará una menos severa, el reporte periódico; mientras la fiscalía pedirá la detención preventiva.
Según el abogado, la Fiscalía sustentará su apelación en el supuesto peligro de fuga y en la naturaleza del delito, elementos que, afirma, ya fueron desvirtuados durante la audiencia inicial.
“La Fiscalía va a tratar de argumentar que esos dos elementos son suficientes para una detención preventiva. Elementos que fueron totalmente desvirtuados en la audiencia”, sostuvo.
Meilán aseguró que no existe riesgo de fuga, ya que Carrizo, al conocer de la orden en su contra, regresó voluntariamente al país.
Cuando se dio cuenta de esta orden, inmediatamente tomó un avión y notificó la noche anterior a la Fiscalía de dónde venía, en qué vuelo y a qué hora llegaba. Él vino y se entregó para hacerle frente a la justicia”, señaló.
El abogado también cuestionó la auditoría que sustenta la investigación, indicando que presenta “inconsistencias e incongruencias”.
“Ese único elemento de convicción que existe, que es la auditoría, tiene una vinculación muy débil para José Gabriel Carrizo, producto de que es inconsistente”, afirmó.
Añadió que la auditoría fue remitida por la Contraloría al Ministerio Público y, según su versión, pocos días después se solicitó la orden de aprehensión.
“Pareciera que la acción penal la tiene la Contraloría y no el Ministerio Público”, manifestó.
Meilán indicó que la defensa apeló la decisión de la juez que ordenó detención domiciliaria, ya que inicialmente habían solicitado una medida menos severa.
“Nosotros habíamos pedido notificación periódica y la entrega del pasaporte. Dijimos que si la juez consideraba que esa no era la correcta, en su defecto pediríamos detención domiciliaria, y eso fue lo que optó la juez”, explicó.
En ese sentido, reiteró que insistirán en que se revise la medida cautelar y se conceda la notificación periódica con entrega de pasaporte.
Sobre la posibilidad de presentar una auditoría particular, el abogado señaló que anteriormente entregaron un informe, pero, según afirmó, no fue analizado con detenimiento por la Fiscalía.
La audiencia de apelación definirá si se mantienen, modifican o revocan las medidas cautelares impuestas al exvicepresidente.