Amor y Orgullo
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Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que la Unidad de Coordinación Legal, recientemente creada y adscrita al Ministerio de Gobierno, no tendrá ninguna relación con el caso Odebrecht, actualmente en etapa de audiencias definitivas.
Dejen de estar haciendo conjeturas que no vienen al cuento. Mi preocupación personal y como mandatario de este país es la misma que a lo mejor tienen todos los que están en esta sala: el problema de impunidad respecto de los casos que van saliendo o de los delitos que se van cometiendo, que por una puerta entran al sistema penal acusatorio y por la de atrás salen a firmar los 15 y los 30. Odebrecht y otras reclamaciones judiciales están para audiencias definitivas”, dijo el mandatario durante su conferencia semanal.
Mulino explicó que la finalidad de esta unidad es reforzar la capacidad de las instituciones del Estado para actuar como querellantes y fortalecer las investigaciones penales, no sustituir al Ministerio Público.
La ayuda que esa unidad técnica que coordina el Ministerio de Gobierno es poder ayudar a las distintas entidades a que comparezcan como querellantes, fortalezcan el expediente, amplíen el tema probatorio y se pueda culpar a alguien de los latrocinios que hemos encontrado aquí. Eso no es procuraduría paralela”, precisó.
Las declaraciones del presidente surgieron luego de que se le cuestionara el hecho de que la unidad quedará bajo la jurisdicción de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien es abogada del exministro Frank De Lima en el proceso del caso Odebrecht.
Mulino respondió con dureza y pidió dirigir las preguntas a quienes, según él, sí instauraron una procuraduría paralela en el pasado.
Pregúntenle al expresidente Juan Carlos Varela y a la exprocuradora Kenia Porcell, quienes pueden dar mayores detalles de lo que es una procuraduría paralela, porque la hicieron, la implementaron, ejecutaron y amargaron la vida de un montón de gente con fiscales igualitos que ellos. Estén tranquilos, que eso no va a haber, nada que tenga que ver con casos que ya van para su definición final”, indicó.
Según el Decreto Ejecutivo que la crea, la Unidad de Coordinación Legal tendrá como funciones principales:
En la práctica, esta unidad actuará como un “abogado del Estado” en materia penal, fortaleciendo la respuesta institucional ante delitos que afecten los recursos públicos.
El decreto establece además que el Ministerio de Gobierno dispondrá de los abogados penalistas necesarios, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá incluir en el presupuesto general del Estado los fondos para su funcionamiento.