Gobierno crea unidad para querellar en nombre de las instituciones públicas

Panamá/El Gobierno, que dirige el presidente José Raúl Mulino, creó mediante el Decreto Ejecutivo N.º 31 del 13 de octubre de 2025 la Unidad de Coordinación Legal, una nueva instancia adscrita al Ministerio de Gobierno que asumirá la representación del Estado panameño en procesos penales, especialmente en aquellos relacionados con delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.

La medida busca centralizar la estrategia jurídica de las instituciones públicas y garantizar que el Estado pueda actuar como parte querellante en los casos en que sea víctima de actividades delictivas, fortaleciendo así su capacidad de respuesta ante la justicia.

De acuerdo con el decreto, esta unidad se crea porque el Estado requiere una estructura especializada que lo represente en los tribunales y dé seguimiento a los procesos judiciales en los que las entidades públicas resulten afectadas.

Se crea la Unidad de Coordinación Legal, encargada de asistir y representar a los ministerios y a las entidades públicas en los casos que requieran la interposición de procesos penales en calidad de querellantes”, señala el documento oficial.

En la actualidad, cada entidad gestionaba sus casos de forma individual, lo que en muchos escenarios derivaba en falta de coordinación, demoras y pérdida de procesos por errores técnicos o ausencia de representación. Con esta unidad, el Gobierno busca unificar criterios jurídicos, acelerar los procesos y garantizar la defensa efectiva del Estado.

¿Qué funciones tendrá?

De acuerdo con el artículo 2 del decreto, la Unidad de Coordinación Legal tendrá varias responsabilidades clave:

• Asesorar a los ministerios y entidades públicas sobre las acciones penales que puedan interponer en defensa de sus derechos.
• Coordinar la presentación de querellas, el análisis de casos y la revisión de investigaciones.
• Brindar apoyo jurídico en la elaboración de denuncias, querellas y demás documentos legales.
• Instalar mesas de trabajo para estudiar casos penales en curso.
• Informar sobre el estatus y avance de los procesos judiciales.

En la práctica, la unidad funcionará como un “abogado del Estado” en materia penal, asegurando que las instituciones no enfrenten solas delitos que afectan sus recursos o funciones.

¿Quién paga y cómo funcionará?

El decreto también establece cómo se financiará esta nueva estructura. El Ministerio de Gobierno será responsable de “disponer de los abogados penalistas que se requieran para el desarrollo y buen cumplimiento de las funciones”.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas “tomará las medidas para incluir las asignaciones presupuestarias necesarias” para su funcionamiento. Esto implica que el presupuesto de la unidad saldrá de los fondos estatales, incluidos en el presupuesto general del Estado.

El decreto recuerda que el artículo 79 del Código Procesal Penal reconoce a las instituciones del Estado como víctimas en casos que comprometan la administración pública o el patrimonio económico, y que el artículo 85 permite al Estado “actuar como querellante para coadyuvar con las entidades del sector público”.