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Ciudad de Panamá, Panamá/Dídimo Rodríguez Ayala, uno de los señalados como presunto autor de hechos en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI), quien fue aprehendido durante la operación Espejismo, quedó detenido de forma provisional al culminar la audiencia de garantías en su contra.
La juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, decretó la máxima medida cautelar el jueves 17 de septiembre durante una audiencia de solicitudes múltiples.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la imputación de los delitos de corrupción de servidores públicos, falsedad documental, delincuencia organizada y blanqueo de capitales.
De acuerdo con el Órgano Judicial, luego de escuchar los argumentos de las partes, la juez consideró que la medida cautelar de detención provisional era necesaria, idónea y proporcional debido a la gravedad de los hechos investigados y a la pluralidad de delitos imputados. El tribunal también identificó varios riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga, la posible afectación de pruebas y el riesgo para la sociedad.
Según la información, durante la audiencia se expusieron elementos de convicción y una carpeta de investigación fortalecida, además de información relacionada con una presunta red integrada por varias personas, entre ellas exfuncionarios de la DGI. Las investigaciones apuntan a que esta estructura habría alterado el sistema generador de créditos fiscales para producir créditos ficticios.
Antes de imponer la medida cautelar, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión de Rodríguez Ayala y admitió la formulación de cargos sustentada por el fiscal Mario Mosquera, del Ministerio Público. La solicitud de detención provisional fue presentada por la fiscal superior Elizabeth Carrión. La defensa técnica particular estuvo a cargo del abogado Moisés Lezcano.
Según el Ministerio Público, la investigación se inició en 2023 y señala que Rodríguez Ayala presuntamente habría actuado como representante legal y beneficiario de una empresa inexistente. Las autoridades sostienen que, junto con otras personas, estas actuaciones habrían ocasionado un perjuicio al Estado superior a $21 millones. Las autoridades aún mantienen la búsqueda de Renaul Delgado Barrios, quien es requerido dentro del expediente.