Sin medidas cautelares en caso Ifarhu: juez cuestiona pruebas del Ministerio Público en causa auxilios económicos
El Ministerio Público había solicitado medidas como reporte periódico y restricción de domicilio, alegando peligro para la comunidad. No obstante, tras la decisión judicial, anunció la presentación de un recurso de apelación.
La juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zenia Pérez, decidió no aplicar medidas cautelares personales contra nueve personas imputadas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, relacionados con el manejo de becas y auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos.
Durante la audiencia realizada el 21 de abril, la juzgadora concluyó que no existían elementos suficientes para justificar restricciones a los imputados, al considerar que los indicios presentados por el Ministerio Público son débiles y carecen de sustento, además de que el riesgo procesal no fue debidamente acreditado.
Pérez también valoró que los investigados acudieron voluntariamente a su primera citación, lo que, a su juicio, evidencia disposición de colaborar con el proceso. Asimismo, aclaró que la obligación de mantenerse en el domicilio es un deber legal general y no una medida cautelar, como había sido planteado por la fiscalía.
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En esta causa, seis personas fueron imputadas por el delito de corrupción de servidores públicos en la modalidad de cohecho, mientras que otras tres enfrentan cargos adicionales por peculado por extensión, además del mismo delito de cohecho.
El Ministerio Público había solicitado medidas como reporte periódico y restricción de domicilio, alegando peligro para la comunidad. No obstante, tras la decisión judicial, anunció la presentación de un recurso de apelación.
La audiencia para resolver este recurso fue fijada para el próximo 6 de mayo, ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
El caso se origina en una auditoría preliminar que detectó presuntas irregularidades en la asignación de beneficios dentro del Ifarhu, lo que dio pie a la investigación por posibles actos de corrupción.