Confirman sentencia a red de corrupción que operaba en el Órgano Judicial
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó en todas sus partes la sentencia de 18 personas como autores del delito de corrupción de servidores públicos relacionados a una red de corrupción en procesos del Órgano Judicial que involucró a funcionarios y jurados de conciencia para favorecer a personas procesadas.
Mediante el fallo del 23 de octubre de 2023, la magistradas Agueda Rentería (suplente), Eyda Juárez y el magistrado Manuel Mata además, confirmaron que ocho de los sancionados deberán cumplir la pena de 72 meses de prisión y los otros diez procesados la pena de 45 meses de prisión, aunado a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual término, como pena accesoria impuesta para todos los condenados, detalla un comunicado del Órgano Judicial.
También se explica en el fallo la acreditación que para el año 2015, tiempo en que se registran los hechos, dentro del Segundo Tribunal Superior de Justicia, actualmente Tribunal Superior de Liquidación, los hoy condenados incurrieron en el soborno de jurados para favorecer a imputados, así como se dio prioridad a solicitudes relacionados con fianzas de excarcelación y resoluciones de medidas cautelares, y del mismo modo quedó probado que se intervino en la emisión de resoluciones favorables a personas procesadas.
Los magistrados establecieron la no culpabilidad de otras dos personas, al no lograrse probar que hayan realizado alguna actuación dolosa, así como lo había plasmado el fallo en primera instancia.
Se informó que la sentencia de segunda instancia está siendo notificada a todas las partes por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales a cargo de la jueza Baloisa Marquínez.
La denuncia de este caso fue presentada por el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado, el 15 de septiembre de 2015 ante la Fiscalía Auxiliar.
Incluso, el magistrado Ayú Prado le pidió al fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar que hiciese una operación de vigilancia y seguimiento y para ello le recomendó a un mayor de la Policía Nacional, que hizo el seguimiento en el proceso penal al diputado suplente de Colón Samuel Bennett.
En efecto, el fiscal Aguilar accedió a lo recomendado por Ayú Prado y se le dio seguimiento a los funcionarios, hasta que el 12 de noviembre de 2015, se detuvo a los funcionarios en sus puestos de trabajo en los juzgados y el Segundo Tribunal.
Cuánto cobraban
Blas Macre, funcionario de la Oficina de Descongestión Judicial que tramitaba los expedientes del Segundo Tribunal, fue el único de los acusados que se declaró confeso de haber recibido coimas por gestionar libertades a través de medidas cautelares y fianzas de excarcelación.
Macre admitió que cobraba entre 4 mil a 5 mil dólares por gestionar las medidas cautelares y las fianzas de excarcelación, y por manipular los jurados de conciencia se pagaban entre 5 mil a 7 mil dólares.
Ese dinero era repartido entre los jurados, conductores, notificadores y asistentes que participaban del supuesto ilícito.
De igual forma, por dar fallos con sobreseimientos se pagaban hasta 4 mil dólares y por adelantar fechas de audiencias hasta 2 mil balboas, según la confesión de Macre.
