Corte Suprema rechaza advertencia de inconstitucionalidad al exvicepresidente Carrizo
El también excandidato presidencial permanece bajo arresto domiciliario imputado por enriquecimiento injustificado.
La Corte Suprema de Justiciano admitió una advertencia de inconstitucionalidad presentada en medio de las investigaciones que sigue el Ministerio Público contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento injustificado.
La decisión se da dentro de la investigación identificada como carpetilla 2026000059077, en la que Carrizo —también excandidato presidencial— permanece bajo medidas cautelares de arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
El caso gira en torno a la presunta comisión de enriquecimiento injustificado por un monto de $1.9 millones, en perjuicio del Estado.
La advertencia de inconstitucionalidad fue interpuesta por el abogado de Carrizo, Pedro Meilán, quien cuestionó los artículos 39 y 44 del Código Penal, ambos relacionados con eximentes de culpabilidad.
El artículo 39 establece que no es culpable quien, pese a conocer las circunstancias del hecho, incurre en un error invencible sobre su ilicitud. Por su parte, el artículo 44 define la figura del cómplice primario, es decir, quien participa en la ejecución del delito o presta una ayuda indispensable para su comisión.
Sin embargo, la Corte consideró que la advertencia no cumplía con los requisitos para su admisión.
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Carrizo fue aprehendido el pasado 27 de enero, a su regreso a Panamá procedente de Guatemala, donde tenía previsto ser juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, acto que finalmente no se concretó.
A su retorno, fue llevado a audiencia de garantías en el Sitema Penal Acusatorio, en la cual se legalizó su aprehensión, se le imputaron cargos y se le impusieron las medidas cautelares que también le fueron confirmadas por el Tribunal Superior de Apelaciones.
Origen de la investigación
El proceso penal al exvicepresidente tiene su origen en un informe de la Contraloría General de la República, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias por hasta 1.3 millones de dólares, en el marco de una investigación administrativa por presunto enriquecimiento injustificado.
Posteriormente, la Contraloría remitió el expediente al Ministerio Público, elevando el caso a la esfera penal al detectar un supuesto incremento patrimonial no justificado que asciende a 1.9 millones de dólares.