Diputado Dorindo Cortez, en manos de la Corte Suprema de Justicia

Dorindo Cortéz, diputado del Parlamento Centroamericano.
Dorindo Cortéz, diputado del Parlamento Centroamericano. / TVN Noticias

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) copias de un expediente penal para que decida si investiga al diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Dorindo Cortez, por una lesión patrimonial de más de 490 mil dólares en perjuicio de la Universidad de Panamá (UP).

El caso está relacionado a una auditoría de la Contraloría General de la República que reveló un perjuicio económico de 490 mil 100 dólares con 77 centésimos entre los años 2011 y 2014, cuando se hicieron actividades académicas utilizando instalaciones y recursos de la UP.

Sin embargo, el dinero recaudado de esos eventos, fue depositado en la cuenta bancaria de la Fundación Universidad de Panamá.

Cortez también corrió como candidato a la rectoría de la UP, en las elecciones que se llevaron a cabo el pasado miércoles 29 de junio.

La Fiscalía investiga la posible comisión de delitos contra la administración pública tras el informe de auditoría de la Contraloría fechado 23 de febrero de este año, en el que se vincula a 18 funcionarios de la UP, entre ellos al diputado Cortez, quien es director del Instituto de Estudios Nacionales de esa casa de estudios superiores.

Debido a que Cortez es también diputado del Parlacen, debe ser juzgado e investigado por la CSJ. Por esa razón la fiscalía envió a la Corte copias autenticadas del expediente penal el 28 de junio pasado.

En el reparto de expedientes llevado a cabo el pasado viernes en la CSJ, el caso de Cortez fue asignado al magistrado Hernán de León.

De León debe elaborar un proyecto de fallo para que el pleno de la CSJ decida si admite el inicio de un proceso penal a Cortez.

La auditoría concluye que se ofrecieron capacitaciones, consultorías e investigaciones a empresas privadas utilizando las instalaciones y dinero de la UP. Los fondos recaudados eran administrados por la Fundación Universidad de Panamá.

Los ingresos no fueron reportados y algunos no contaban con documentos de sustento, según el audito.

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