Ordenan detención provisional a empresario investigado por peculado en perjuicio de Conades
El caso guarda con la captura de un hombre recientemente en el corregimiento de Pueblo Nuevo, quien es identificado como empresario presuntamente vinculado a irregularidades detectadas en proyectos financiados por Conades.
Un juez de garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano investigado por el presunto delito de peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), tras una solicitud presentada por la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción.
Además de la medida cautelar, también fue legalizada la aprehensión del investigado, según informaron las autoridades judiciales.
El caso guarda con la captura de un hombre recientemente en el corregimiento de Pueblo Nuevo, quien es identificado como empresario presuntamente vinculado a irregularidades detectadas en proyectos financiados por Conades.
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De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el proceso surgió luego de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que reveló una posible lesión patrimonial al Estado por aproximadamente 176 mil 601 dólares con 96 centavos.
Contrato para unidades sanitarias
Según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos se remontan al año 2016, cuando el Ministerio de la Presidencia, en representación de Conades, suscribió un contrato de obra civil con una empresa para la construcción de 266 unidades sanitarias en la provincia de Panamá Oeste.
Como parte del acuerdo, se realizó el desembolso del 20% correspondiente al anticipo tras emitirse la orden de proceder. Sin embargo, las autoridades sostienen que varias de las unidades sanitarias destinadas a los corregimientos de La Laguna y Guayabito, en el distrito de San Carlos, no fueron terminadas y otras ni siquiera iniciaron su construcción.
Más investigados y condenados
Las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en proyectos de Conades ya han dejado varias personas procesadas.
Hasta el momento, unas cinco personas, entre particulares y exfuncionarios, han sido imputadas en distintos expedientes por delitos contra la administración pública. Además, otras cuatro personas ya fueron condenadas en procesos vinculados a lesiones patrimoniales por proyectos que debieron ejecutarse en provincias como Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Panamá, pero que no llegaron a concretarse.