Juicio Odebrecht: Entra en fase de interrogatorio de testigos; Inician con Yara Campos, directora del TE

Concluye la comparecencia de la testigo Yara Campos y a continuación ingresará a la sala Gabriel Alvarado, otro testigo de la Fiscalía. Se decreta un receso de 10 minutos.

Se reanuda la audiencia con el interrogatorio a Yara Campos por parte del abogado querellante Alexis Rivera Taylor.

La jueza Baloisa Marquínez decretó un receso de 15 minutos.

Continúa el interrogatorio a la testigo Yara Campos. La Fiscalía ya concluyó y ahora son los abogados quienes la interrogan.

El abogado Arturo Saurí, en representación de Carlos Duboy Sierra, preguntó a la testigo quien había manifestado que en el año 2020 fue requerida por la Fiscalía para rendir declaración jurada. Le pidió confirmar si podría reconocer dicha declaración en caso de que se le mostrara.

“Sí”, respondió Campos. Tras el reconocimiento, el abogado Saurí le preguntó si su declaración había sido de carácter general, limitándose únicamente a explicar la normativa y sin señalar a persona alguna. “Sí”, contestó la testigo.

En relación con su cargo, Campos indicó que para el año 2008 se desempeñaba como directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral. Consultada sobre las competencias del TE en materia de faltas, explicó que se tipifican conductas dentro del Código Electoral y que, si bien anteriormente se regulaban de forma conjunta, actualmente los distintos tipos de delitos se han separado de las contravenciones a las normas, las cuales son consideradas faltas menores y sancionadas con multas.

Al ser consultada sobre si tuvo conocimiento de alguna sanción relacionada con la campaña política de 2008-2009 del Partido Panameñista, respondió que no lo recuerda.

Por su parte, el abogado de Jaime Lasso le preguntó a cuánto ascendían las multas de las prohibiciones reguladas en ese mismo periodo. En ese sentido, Campo dijo que oscilaban entre mil y 25 mil dólares, que constituían faltas y no delitos electorales, y que en ese periodo no existía tope de campaña.

Posteriormente, la testigo también fue interrogada por Alma Cortés, abogada del expresidente de la República Ricardo Martinelli, quien le preguntó en qué consistía el velo de confidencialidad. Campos explicó que este impedía la publicación de la información y que nadie podía solicitarla, salvo el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Precisó que dicho velo de confidencialidad estuvo vigente durante la campaña electoral correspondiente al período 2009-2014.

La testigo Campos agregó que esta normativa estuvo vigente hasta las elecciones de 2019, cuando se modificó el régimen de confidencialidad de las donaciones, estableciendo su publicación en la página web del Tribunal Electoral y fijando topes de campaña, los cuales no existían anteriormente.

Consultada sobre quién es el responsable de presentar las declaraciones, explicó que, en el caso de los partidos políticos, corresponde al representante legal, con la firma de un contador, y que en el caso de los candidatos, estos deben presentarlas personalmente mediante declaración jurada. Campos dejó claro que las donaciones no solo pueden ser en dinero, sino también en especie o en servicios.

Agregó que con relación la prohibición de recibir donaciones de personas jurídicas , contratistas del Estado o concesionarias de algún servicio público, dijo que está vigente desde 2024.

La Fiscalía interroga a la directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, quien es abogada y labora en la entidad desde 1990. Yara Campos manifestó que, en el año 2020, la fiscal (Batista) le solicitó una declaración jurada dentro de una investigación relacionada con las donaciones privadas, en el marco del financiamiento político público y privado.

Sobre el financiamiento privado, explicó cuál era la reglamentación establecida para el período 2009-2014. Indicó que, en aquel entonces, las donaciones que recibían los partidos y los candidatos debían ser registradas, pero mantenían carácter confidencial. Ese velo de confidencialidad solo podía levantarse en caso de una investigación, cuando el Ministerio Público u otra autoridad competente solicitara la información.

Campos señaló que esta normativa estaba vigente desde 2004 y que, posteriormente, con las reformas de 2006, se incorporaron las prohibiciones al financiamiento privado, establecidas en el artículo 190. Entre ellas, se fijaron cuatro prohibiciones: que el Estado fuera accionista de una empresa donante; que se recibieran donaciones de personas jurídicas que no operaran en Panamá; y que no se permitieran donaciones de gobiernos o instituciones extranjeras, salvo en el caso de organizaciones internacionales que aportaran a partidos políticos únicamente para gastos de funcionamiento y no para campañas.

Yara Campos entra a la sala de audiencias para rendir declaración y responder al interrogatorio de los abogados solicitantes.

Luego de la identificación de los acusados, dio inicio la audiencia del juicio Odebrecht. La Fiscalía anunció que, luego de Yara Campos, el siguiente testigo será Gabriel Alvarado. También informó que desistirá de la presentación de los cinco testigos brasileños, así como del panameño Ramón Carretero, este último por motivos de salud.