Una ley antimafia en Panamá sería oportuna para enfrentar al crimen organizado, asegura comisionado retirado Muñoz

Ciudad de Panamá/El comisionado retirado de la Policía Nacional y presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá (Conapol), Irving Muñoz, afirmó que la creación de una ley antimafia en el país sería oportuna, estratégica y urgente para enfrentar el crecimiento del crimen organizado.

El presidente José Raúl Mulino anunció este jueves 20 de noviembre que su gobierno busca adoptar un modelo de "ley antimafia" inspirado en normas aplicadas en Estados Unidos y Europa, con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva el crimen organizado y las estructuras criminales que operan dentro y fuera del país.

Mulino explicó que ya se encuentra recopilando información y asesoría internacional para estructurar una propuesta robusta que pueda ser presentada ante la Asamblea Nacional.

Según Muñoz, aunque Panamá no cuenta con carteles como otros países de la región, sí existe una presencia creciente de pandillas que operan al servicio de redes criminales transnacionales, aprovechando la geografía estratégica y los mecanismos económicos lícitos del país para lavar dinero, mover drogas y extender su influencia.

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Herramientas jurídicas

Actualmente, las herramientas jurídicas con las que cuentan el Ministerio Público y los estamentos de seguridad son insuficientes para desmantelar estructuras criminales. Las acciones se limitan a capturar individuos, pero las organizaciones siguen funcionando: cuando se detiene a cinco miembros, surgen diez más. Una ley antimafia permitiría actuar contra la organización en su conjunto, no solo contra sus integrantes, tal como se ha hecho con éxito en Estados Unidos, Italia y Francia.

Muñoz destacó que una normativa robusta debería incluir la inmovilización de activos de origen presuntamente ilícito. “El dinero que proviene de actividades ilegales se reinvierte. Mientras no se corte ese flujo financiero, las organizaciones no se debilitan”, explicó.

También señaló la necesidad de flexibilizar ciertos procedimientos, como las interceptaciones de comunicaciones y los allanamientos, siempre bajo marcos de control jurídico que protejan tanto la investigación como a los funcionarios públicos.

País desprotegido

Además, el comisionado retirado Muñoz alertó sobre la debilidad del sistema penal acusatorio implementado en Panamá. “El sistema garantiza al procesado, pero no protege al país. Se perdió la capacidad de actuar contra faltas menores que, en su acumulación, alimentan delitos mayores”.

Recordó que con la eliminación de la justicia administrativa y la creación de los juzgados de paz, muchas conductas delictivas —como hurtos de baja cuantía o daños menores— quedaron sin investigación, porque estos jueces no tienen facultades investigativas ni apoyo de la Policía o el Ministerio Público.

Por eso, Muñoz propuso la especialización de jueces en crimen organizado. “No puede ser que un juez que no conoce los modus operandi de las mafias tenga que decidir sobre casos complejos. Debe haber jueces capacitados, con formación continua, que entiendan cómo operan estas redes”, indicó.

La ley antimafia, según Muñoz, no solo sería una herramienta punitiva, sino un mecanismo disuasorio y preventivo. Su objetivo es cortar los recursos económicos que permiten a las organizaciones corromper instituciones, expandirse y sobrevivir. “Estamos a tiempo. Aún tenemos efectividad en nuestros sistemas, pero debemos actuar antes de que todo se nos pase de control”, advirtió.