El Chavo del 8
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Ciudad de Panamá, Panamá/Una mesa técnica integrada por funcionarios de distintas instituciones del Estado analiza el proyecto de ley 618, una iniciativa que busca regular la apertura y funcionamiento de los albergues institucionales en Panamá, especialmente aquellos destinados a niños, adolescentes y personas con discapacidad.
La discusión también busca fortalecer los mecanismos de prevención, detección e intervención ante posibles situaciones de violencia o vulneración de derechos dentro de estos centros de atención.
Durante la jornada se escucharon testimonios de familiares de menores institucionalizados, entre ellos el de Rosalía Hudson, abuela de cinco niños que permanecen en albergues tras un caso de femicidio que afectó a su familia. La mujer relató las dificultades que enfrenta y expresó preocupación por el futuro de sus nietos, señalando que algunos se han evadido de los centros y que una de las jóvenes quedó embarazada.
Hudson aseguró que recientemente fue contactada ante la posibilidad de asumir nuevamente el cuidado de los menores, pese a las complejidades familiares y económicas que enfrenta.
Por su parte, la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, indicó que actualmente los albergues operan bajo el Decreto 404 y que el objetivo del proyecto es elevar esa normativa a rango de ley, incorporando mayores controles y supervisión.
“Los albergues no tienen hoy una ley que los respalde, sino un decreto. Nosotros lo que hicimos fue convertir este decreto en ley, agregándole múltiples controles y modificaciones”, explicó Brenes.
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La diputada destacó que la iniciativa no solo busca mejorar la infraestructura y condiciones físicas de los centros, sino también garantizar atención integral para menores que provienen de entornos marcados por violencia, abuso o abandono.
El tema de los albergues en Panamá ha permanecido bajo el escrutinio público desde 2021, cuando investigaciones y denuncias revelaron presuntos casos de maltrato, abuso y negligencia dentro de algunos centros de protección de menores, lo que derivó en investigaciones judiciales y reformas impulsadas por distintos sectores.
Actualmente, Panamá cuenta con albergues administrados por el Estado, organizaciones religiosas y fundaciones privadas que brindan atención temporal a menores en condición de vulnerabilidad, víctimas de violencia doméstica, abandono o procesos judiciales familiares.
Las autoridades señalaron que la mesa técnica continuará en las próximas semanas para revisar los parámetros del proyecto y reforzar la legislación que regula estos centros de atención.
Con información de Jocelyn Mosquera