Migrantes se exponen a los peligros de la selva de Darién durante siete días

La crisis migratoria en la frontera colombo panameña es atendida de forma interinstitucional por autoridades panameñas y colombianas que buscan establecer rutas seguras y ordenar el flujo irregular de las personas.

Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo, afirmó que actualmente en Bajo Chiquito, provincia de Darién, existen mil 500 migrantes, en una comunidad donde solo hay cerca de 250 personas. Reconoce que la cuota establecida para la llegada de migrantes sigue siendo elevada, pero se está en la capacidad de recibirlos.

Destacó que Panamá debe analizar, además del tema humanitario, nuevas rutas para que las personas no pasen siete días en la selva.

Leblanc detalló que la ruta más peligrosa es cuando entran a la selva de Darién, una travesía que le toma a los migrantes siete días hasta llegar a Bajo Chiquito, por lo que se está buscando analizar rutas como Puerto Obaldía y La Miel, que eran menos peligrosas.

El defensor manifestó que Panamá no puede devolver a las personas porque eso es inhumano, ya que son tres días en los que se expondrían nuevamente a peligros, pero sí apela a que las autoridades colombianas le expliquen a los migrantes que el camino son siete días de selva.

“Lastimosamente no tenemos el número de personas que han fallecido, porque no se tiene un intercambio fluido de información. Necesitamos esa información para eso. La República de Colombia debe informar en la frontera de Capurganá el peligro que asecha en la selva, con todo el respeto deben tener letreros en francés, inglés y español que digan que son siete días de selva y el peligro es inminente”, aseveró.

El próximo miércoles, el defensor del Pueblo estará visitando nuevamente la comunidad de Bajo Chiquito.

Jueces de Paz

En otros temas abordados por Leblanc, habló sobre las funciones de los jueces de paz, señalando que la Ley hay que cambiarla por lo que ya se solicitó una reunión con el presidente de la Comisión de Gobierno para allanar el tema.

Afirmó que se han instaurado siete denuncias penales contra jueces de paz, se han abierto 83 quejas y se ha presentado un hábeas data a un juez de paz de la capital, pero reconoce que la solución no es volver a los corregidores, sino que la justicia de paz sea mediadora, de acorde a la realidad nacional y con un jefe fuera del engranaje político.